Parece que los diputados liberales de todos los tonos internos encontraron el recurso semántico para sostener –sin mucha sustancia– su disidencia al enjuiciamiento de 4 ministros de la Corte que viene dictado desde el Poder Ejecutivo –o lo que es lo mismo, Cartes– que es colorado. Hay que sacar a todos o será como cambiar media docena por seis, dijo uno de ellos para graficar la situación, acusando a la cúpula de solo querer mantener el cuoteo a su favor y con sus amigos.
En esa misma estructura de razonamiento, echan mano a un mandato de la última convulsionada convención del PLRA –de septiembre– que terminó con ataques, amenazas, escándalos, veleidades autoritarias de machismo trasnochado y misoginia. Y agregan que se debe abrir un proceso participativo en un plazo de 120 días, con cambios de reglas de selección y mecanismos de designación. Héte aquí, que el mandato habla de enjuiciar a 7 y no a los 9 que integran la máxima instancia judicial entre los que se encuentran los 4 en capilla: Víctor Núñez y César Garay (ANR), Óscar Bajac y Sindulfo Blanco (PLRA).
Una rápida mirada al asunto y sin mucho contexto, nos da la impresión de que es hasta principista la idea. Interesante y plausible. Después de todo, la sociedad mal que mal viene denunciando la escandalosa corrupción judicial con fuertes sospechas de vínculos con el narcotráfico; y en definitiva pide, quiere, desea, una limpieza a fondo a ver si en algo mejora el país.
Mirando hacia la otra vereda, sucede que los colorados también tienen la misma disidencia sobre el tema. El grupo encabezado por Danny Durand alega algo parecido: cambiar 5 (incluyen a Alberto Ramírez Zambonini de la Justicia Electoral) que no son de nuestro agrado por 5 aliados “no es una salida adecuada"; y propone dar un cierre diplomático al asunto.
Entonces, todo aquello que parecía importante, principista, se desdibuja repentinamente. Los oficialismos sintonizan y sus disidencias contrarrestan en el mismo sentido y al mismo tiempo.
Esta coyuntura a lo único que favorece es a la posibilidad de dejar sin efecto los enjuiciamientos. Dicho de otro modo, a los únicos a los que beneficia es a los ministros en lista y a los políticos que siempre están disponibles para alguna negociación. El resto, la gente de a pie, la que padece la mala justicia, nada.
Por más de que en algún momento las intenciones hayan sido sinceras, todo quedó bajo sospecha. Ahora, el resultado que fuere de la contienda, que tiene signos de no ser solo partidaria, no gozará de credibilidad.
En este enredo que parece deliberado, lo que sí quedó en segundo plano es la gravedad de los tentáculos del narcotráfico en la Justicia. ¿O no?
