En su dictamen, los jueces consideraron por unanimidad que el Ejecutivo debió someter la medida a consulta pública antes de aprobarla.
“Las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto por las resoluciones que se invalidan”, especifica la Corte en el texto, difundido por el Centro de Información Judicial.
La actualización del cuadro de tarifas del gas supuso inicialmente aumentos de hasta el 800 % aunque posteriormente el Gobierno fijó un tope de subida del 400 % para los usuarios residenciales ante al fuerte descontento social.
La decisión, sin embargo, no afectará a otros tipos de usuarios como los industriales o comerciales, a los que también se habían aplicado subidas con un tope máximo del 500 %.
La Corte confirmó así un fallo judicial previo de un tribunal federal de La Plata que declaraba, con alcance nacional, la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía que establecieron el nuevo cuadro tarifario.
El máximo tribunal también coincidió con la recomendación elevada ayer por la fiscal general argentina, Alejandra Gils Carbó, quien apuntó que las audiencias públicas previas son necesarias para garantizar “el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores”.
“El fundamento es el artículo 42 de la Constitución que prevé la participación de los usuarios en los servicios públicos, la democracia republicana, el derecho a la información”, recordaron hoy los ministros de la Corte en el fallo.
Además, el máximo tribunal señala que la propia Constitución reconoce “hondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo” y por ello tiene que haber una “protección enfocada en la calidad de bienes y servicios” pero también en la “preservación de la salud y seguridad” y el “trato equitativo y digno”.
Dentro de ello, destacan la importancia de los derechos de “participación” de los usuarios en materia de control de los servicios públicos.
El Gobierno argentino basó las subidas del gas en la necesidad de paliar las deficiencias del sistema energético y de actualizar los precios tras los doce años de gobiernos kirchneristas.
Junto al gas, el Ejecutivo también dispuso fuertes aumentos para otros servicios, como el agua y la luz, en la primera parte del año, en medio de una fuerte escalada inflacionaria.
Los incrementos generaron un gran descontento social y se iniciaron reclamos judiciales en distintos puntos del país.
Ante ello, el Gobierno pidió a la Corte que analizara la validez de los aumentos para tener una decisión en firme a nivel nacional.
