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Sucesos
lunes 26 de septiembre de 2016, 01:00

Corte rechaza acción de procurador

La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción deducida por el Procurador General de la República, Roberto Moreno Rodríguez, en representación del Estado Paraguayo, en un juicio iniciado por la firma Benito Roggio e Hijos SA, la cual le había dado poder antes de ser procurador y que hasta la fecha no renunció.

El fallo que rechazó la inconstitucionalidad fue dictado en forma unánime por los ministros Antonio Fretes, Miryam Peña y Miguel Óscar Bajac.

La acción había sido planteada el 17 de febrero del 2015, en el juicio caratulado: “Benito Roggio e Hijos SA c/ Estado Paraguayo s/ Cumplimiento de Contrato - Cobro de Guaraníes Ordinarios”, del año 2010.

Los antecedentes apuntan que el entonces procurador José Enrique García, había planteado una excepción de incompetencia de jurisdicción contra la demanda de la empresa, pero fue rechazada por el juez Hugo Becker el 1 de diciembre del 2011.

Esto fue apelado ante el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala, pero fue rechazado por los camaristas Óscar Paiva, Valentina Núñez y Neri Villalba el 30 de diciembre del 2014. En ambos, se imponen las costas al Estado.

PROCURADOR. Moreno Rodríguez atacó estos dos fallos ante la Corte, basado en que las resoluciones son arbitrarias, resquebrajan el orden jurídico y violan garantías del debido proceso. Dice que son arbitrarios por fundamentación aparente, incongruencia, tergiversación de los hechos, por no contemplar las consecuencias de los fallos y en la aplicación de las costas.

Lo que pretendía con la acción es que se anularan los fallos y se volviera a estudiar la excepción. De esta manera, el juicio podría salir del ámbito del Poder Judicial y ser tramitado ante un tribunal arbitral de solución de controversias.

En el caso, la empresa Benito Roggio e Hijos SA firmó un contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el 2003 para la obra de mejoramiento y rehabilitación del tramo La Patria-Infante Rivarola-Frontera con Bolivia, dentro del marco del convenio Programa de Corredores del Occidente.

En el contrato, dice el Estado, se pactó una cláusula arbitral en caso de controversia, por lo que la única alternativa era remitir el caso al arbitraje, pero esto no se realizó.