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Sucesos
lunes 8 de agosto de 2016, 02:00

Corte rechaza acción de la Iglesia Católica para no pagar impuestos

La Fundación del Clero Arquidiocesano, dependiente del Arzobispado, debe pagar el IVA y el impuesto a la renta, según disponen las leyes tributarias. Con voto dividido, la Corte rechazó la acción de inconstitucionalidad.

La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de inconstitucionalidad planteada por la Fundación del Clero Arquidiocesano, dependiente de la Arquidiócesis, para evitar el pago del impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a la renta.

La resolución fue dividida. Los ministros Antonio Fretes y Gladys Bareiro votaron por el rechazo de la acción, mientras que el ministro Luis María Benítez Riera votó por admitir la inconstitucionalidad.

La presentación fue hecha en el 2014, por el abogado Bruno Ayala Bareiro, en representación de la citada entidad.

Atacó el artículo 3 de la Ley 5061/13, el artículo 4, inciso b, del Decreto Nº 1030/13 y los artículos 29 y 59 del anexo del Decreto 1030/13.

Por los citados artículos se modificó el régimen tributario y aplicó el IVA, a más del impuesto a la renta, a las actividades de la Fundación dirigidas para obtener fondos que sostendrán las distintas acciones de la Iglesia Católica, según el accionante.

Con ello, apunta que se vulneran los artículos 82, 83, 95 y 137 de la Carta Magna, que habla del reconocimiento de la Iglesia Católica, de la difusión cultural y de la exoneración de impuestos, de la seguridad social y de la supremacía de la Constitución.

INTERPRETACIÓN. Alega el recurrente: "La Iglesia Católica no hubiera recurrido a esta acción si no fuera por la interpretación distorsionada de parte de la Administración Tributaria de la ley al no considerar las claras disposiciones constitucionales y pretender sostener que por el simple hecho de realizar una actividad para obtener fondos y cumplir con sus fines, lo equipara con una institución con fines de lucro".

Según el voto del ministro Fretes, el accionante no especificó el perjuicio cierto que tenía la Fundación a raíz de la legislación atacada de inconstitucional. Con ello, votó por rechazar la acción. Su colega, Gladys Bareiro, votó también por el rechazo. Dice que el agravio que sustenta la acción debe ser propio, es decir, que el perjuicio afecte directamente al accionante, y jurídicamente protegido, concreto, efectivo y actual. De este modo, con el voto en mayoría de los dos ministros, y la disidencia del ministro Luis María Benítez Riera, se rechaza la acción de inconstitucionalidad.

El fallo queda como un precedente para las entidades religiosas con fines similares.