Días atrás, la Fiscalía imputó a Álvarez, un vocal suplente de la Junta de Vigilancia de la cooperativa. Se trata de un funcionario de la Subsecretaría de Tributación que, según la investigación fiscal, compró facturas falsas para abultar el crédito fiscal de firmas locales, entre ellas la Cooperativa Universitaria, Cabal y Panal Compañía de Seguros.
Álvarez también supuestamente pidió facturas falsas para el Banco Continental. Sobre este punto, la entidad bancaria, en un comunicado, aclaró que no tiene relación comercial ni de asesoría con Carmelo Álvarez.
Mientras tanto la cooperativa señala que esta “ha sido víctima de los hechos investigados, desde el momento en que recibió documentos presumiblemente apócrifos, emitidos por compras realizadas por la institución en el 2011 por G. 2.310.000 y en el 2012 por G. 3.135.000, en rendiciones de dos comités auxiliares, siendo el total de ambas operaciones G. 5.445.000, monto verdaderamente irrisorio para el volumen de transacciones que mantiene la institución”.
En ese sentido, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, César Guillermo Cruz Roa, explicó que la Universitaria no se va a prestar para actividades ilícitas. “Estamos hablando de facturas del 2011 y el 2012; mal podríamos saber nosotros que en el 2014 esto sería una megaestafa. Por los montos que se están hablando, de G. 5 millones, creo que no se puede hablar de ninguna mega estafa en que la cooperativa esté. Tampoco la cooperativa se va a prestar a este tipo de actos”, aseguró.
En su indagatoria, Miguel Centurión Carmona, el presunto “cerebro” del esquema de megaevasión, dijo que Álvarez le pidió que confeccione facturas falsas a instancias de “uno de los hermanos Cruz Roa que tenía como finalidad extraer fondos de la cooperativa para pagos particulares del mismo y gastos de campaña proselitista”. Esto también fue desmentido por el presidente de la cooperativa, quien indicó que el Consejo de Administración solicitará al presidente de la Junta de Vigilancia que a su vez pida la renuncia de Álvarez. Este fue imputado por asociación criminal, junto a otros presuntos intermediarios de empresas en la compra de facturas falsas.
