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Editorial
viernes 4 de agosto de 2017, 02:00

Controlar el uso del dinero de Itaipú en época electoral

El anuncio de que la Itaipú Binacional está a punto de transferir 150 millones de dólares a gobiernos municipales y departamentales, que serán manejados por intendentes y gobernadores en plena época electoral, ha encendido la alarma ante el temor de que gran parte de ese dinero acabe financiando campañas proselitistas, en lugar de beneficiar a las comunidades. La desconfianza es justificada por diversos casos ya denunciados de mala utilización o desvíos de estos fondos, y el escaso control por parte de los organismos competentes, incluyendo los bloqueos jurídicos impuestos a la Contraloría. La prensa y la propia sociedad deberán redoblar la vigilancia sobre el uso de estos recursos.

Hasta fines del presente año, la Itaipú Binacional transferirá unos 150 millones de dólares al Ministerio de Hacienda, destinados a los gobiernos municipales y departamentales, en carácter de royalties y recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), según lo ha anunciado el propio titular del ente, James Spalding.

El anuncio de que todo ese dinero será manejado directamente por intendentes y gobernadores en plena época electoral, tanto para las elecciones internas del 17 de diciembre y luego las generales de abril de 2018, ha encendido la alarma en varios sectores de la ciudadanía, ante el temor de que gran parte de los recursos acaben financiando campañas proselitistas, en lugar de beneficiar a las comunidades.

La desconfianza de que esta situación pueda llegar a suceder es justificada, teniendo en cuenta los diversos casos que ya han sido dados a conocer desde los medios de comunicación, a través de investigaciones periodísticas o denuncia directa de grupos ciudadanos, revelando la mala utilización o desvíos de estos fondos, y el escaso control existente por parte de los organismos competentes.

Entre los numerosos casos consignados en los últimos años, se deben mencionar casos de intendentes imputados, procesados o investigados por los presuntos desvíos de recursos del Fonacide, como los de San Antonio, Ypané, Lambaré, Puerto Pinasco, General Resquín, Presidente Franco, Villa Florida, entre otros. La Contraloría General de la República (CGR) llegó a informar que estaba investigando a más de cien municipios por no rendir cuentas de los recursos de Fonacide, que en el caso de ser comprobados, quienes resulten responsables del delito pueden recibir penas de hasta 15 años de cárcel.

Sin embargo, la mayoría de los gobernadores e intendentes encontraron la manera de no someterse a los exámenes de la Contraloría, presentando un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y pidiendo ser auditados solamente por el Tribunal de Cuentas, que es manejado políticamente por el actual oficialismo colorado. De ese modo, el uso del dinero puede fácilmente librarse de controles más estrictos.

Teniendo en cuenta los muy malos antecedentes con el uso de los millonarios recursos proveídos por la Itaipú Binacional, correspondientes a los royalties y el Fonacide, en esta encarnizada etapa electoral que recién está comenzando, solo queda confiar en que sean los medios de prensa y los sectores organizados de la propia sociedad civil las que puedan redoblar la vigilancia, para tratar de evitar que estos recursos se dilapiden en financiar campañas proselitistas.