El estudio de un especialista realizado para el Centro de Estudios de la Economía Paraguaya (Cadep) revela que actualmente el gasto público destinado al área de salud en nuestro país es de 461 dólares por año. Trasladado al cambio actual, son 2.500.000 guaraníes en 365 días, es decir 200.000 guaraníes al mes.
Esa cantidad está por debajo del promedio de dinero destinado al área por los gobiernos de América Latina, que es de 784 dólares al año, alrededor de 350.000 guaraníes por mes. Y dista mucho de las asignaciones otorgadas por los países de la región al sector público de salud.
Si la calidad del gasto en el Paraguay hubiera sido medianamente satisfactoria, se podría decir que al menos lo poco con lo que se cuenta es bien utilizado a favor de los sectores sociales más desfavorecidos.
Tal cosa, sin embargo, no se da en la realidad, ya que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha iniciado lo que llama un control más estricto para verificar que todos los funcionarios a los que el pueblo paraguayo paga el sueldo estén en sus lugares de trabajo en los horarios que les fueron asignados.
Las ausencias que se “justifican” y las que no son un mal endémico en la administración pública.
En Salud es más notorio, porque afecta a un segmento social de mayor sensibilidad social, ya que carece de recursos para acudir a servicios privados en los que se paga.
Muchos empleados de Salud –desde médicos hasta camilleros, si existen– son verdaderos expertos en ausencias y llegadas tardías. Son tan hábiles que hasta manipulan los relojes biométricos que son, supuestamente, insobornables.
Amparados por una ley que les otorga excesivas concesiones para dejar de asistir a sus puestos y, además, contando con la complicidad de compañeros y jefes que los apañan, constituyen un dolor de cabeza cotidiano para hospitales y centros de salud.
El Ministerio dice que intensifica el control de los empleados públicos de Salud para que todos concurran a cumplir sus obligaciones.
Para creer que habla en serio y no está utilizando solo un recurso demagógico, lo que la opinión pública tiene que saber es dónde se realizan esos controles, quiénes los hacen, cuál es el mecanismo de fiscalización, la identidad de los sumariados y las sanciones que se imponen a los planilleros o raboneros.
Los administradores de la cosa pública, ante la falta de dinero, tienen la irrenunciable responsabilidad de garantizar que por lo menos lo poco que se tiene sea empleado correctamente.
