La asesoría jurídica de la entidad aseveró que la propia Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió una resolución en la que explicó que la Ley 2051 de Contrataciones no se aplica a esta organización de carácter privado, puesto que no fue la institución en sí la que hizo la adjudicación.
Con esto se evidencia que, no solo en Conatel, sino en todas las instituciones públicas, hay una zona gris para que las asociaciones de funcionarios contraten servicios, por más mínimos que sean, sin guiarse por lo que dicta la ley.
Pablo Seitz, ex director de la DNCP, manifestó que, por más de que el Estado no contrate y sea una asociación de empleados, existe una relación directa con el Estado, el cual pone toda la infraestructura y abre las puertas del negocio.
“Si bien es cierto que no se rigen por la Ley de Contrataciones, porque esta funciona donde el Estado pone dinero, sería conveniente que se haga un concurso público, objetivo, de selección. Si bien son parámetros más blandos los que tenés para seleccionar a tu proveedor de comida o servicio de almuerzo, igual se tendría que hacer un concurso privado, público, ya sea asociaciones o sindicatos. En cualquier caso, el Estado abre las puertas a los concesionarios de la cantina”, detalló.
Añadió que jamás se podría contratar el servicio del hermano de un funcionario, si se hacía en el marco de la Ley 2051, pero esta especie de zona gris, sí lo permite. No obstante, para garantizar un concurso transparente, se tiene que incluir en el pliego, un capítulo de quién no puede participar. Allí se incluye a aquellos que tienen conflictos de intereses, cuarto grado consanguinidad y segundo de afinidad, especificó.
RESPUESTA AFECON. Silvio Peralta, presidente de Afecon, afirmó que la organización fue solo un nexo entre el directorio y la empresa proveedora del almuerzo. Afecon solo hacía los pagos en nombre de los trabajadores asociados, pero los recursos eran transferidos del presupuesto de Conatel, acotó.
Sin embargo, el servicio fue cancelado, producto de las peleas entre las partes. Peralta denunció un vínculo entre la presidenta de Conatel, Teresita Palacios, y la empresa D’ynamis. Posteriormente, el directorio de la entidad decidió abrir un sumario y luego resolvió ya no hacer los descuentos automáticos para pagar las deudas de los empleados.
Sobre esta última determinación, el propio director titular, Darío Ortellado, se vio sorprendido. Palacios negó tener una relación con la empresa y manifestó estar abierta a las eventuales investigaciones.