Galindo explicó que este jueves Capriles no se presentó ante la audiencia oral y pública como estaba previsto y que en su lugar asistieron sus abogados que “tuvieron y seguirán teniendo acceso a los expedientes” por lo que su derecho a la defensa “estuvo garantizado”.
“Hechos y hallazgos hasta este momento generaron la presunción, (y) no la acusación, para determinar que sí existe responsabilidad en la persona de cada uno de los prenombrados ciudadanos”, afirmó Galindo en declaraciones al canal estatal VTV.
Además de Capriles, la diputada opositora Adriana D’ Elia y otros siete funcionarios y exfuncionarios de la gobernación de Miranda están involucrados en estas averiguaciones basadas en dos informes de la Contraloría de diciembre de 2012 y julio de 2015.
“Oportunamente cuando se tome la decisión definitiva en este caso podríamos nosotros anunciar públicamente cuál es la decisión que va a recaer sobre cada uno de estos investigados”, sostuvo y agregó que los señalados podrán apelar cualquier decisión ante la Contraloría y ante la Sala Política del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Por último, el contralor remarcó que estos procedimientos no guardan relación con el escándalo que protagoniza la constructora brasileña Odebrecht por haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Venezuela, según documentos publicados por Estados Unidos.
El gobernador de Miranda dijo que no asistió a la Contraloría porque se negó el acceso al público y a la prensa, y aseguró que estas averiguaciones forman parte de un plan para inculparlo.
“Yo ya sé cuál es la decisión, ya sabemos cuál es la decisión, aquí vamos a luchar, vamos a seguir luchando porque el contralor ni ninguno de los políticos del (chavismo) va a impedir que siga luchando por mi país (...) estamos viviendo un momento muy duro muy oscuro”, sumó.
