Coincidentemente con el juicio político al contralor, Enrique García, el ente decidió investigar a la estatal manejada Jorge Méndez. Recordemos que, convenio mediante, entre el Ministerio de Hacienda y INC, fueron otorgados estos recursos (USD 70 millones) con el objeto de encarar el proyecto de Mejoramiento del Horno III de Clínker Vallemí.
El sindicato de la Administración Central de la INC (SINAC), en fecha 22 de junio de 2017, había presentado a la CGR una nota a través de la cual solicita la realización de un examen especial sobre el destino de los fondos provenientes de los bonos soberanos.
En el convenio de préstamo se especifica claramente en su anexo 2, destino de los Fondos, que serían para el Mejoramiento del Horno III de Clínker-Vallemí a través del cambio de combustible y la ampliación de la capacidad de 2.000 a 2.700 ton./día.
Sin embargo, esta última obra referente a la ampliación no se concretó y los fondos destinados al mismo habrían sido utilizados para financiar otras inversiones, diferentes a las autorizadas como la provisión, montaje y puesta en marcha del 2° molino de cemento por USD 11.479.999 y la provisión, montaje y puesta en marcha de una segunda planta secadora de puzolana por un valor de USD 3.887.899, ambas para la fábrica de Vallemí, sin que estén contempladas en el convenio ni en la Ley 5142/14.
Además de carecer sustento legal, dichas obras tampoco contaban con la debida justificación técnica y económica, según la denuncia del SINAC. En consecuencia, la CGR solicita a la INC un informe sobre los procedimientos de contratación planificados en el marco de la utilización de los fondos otorgados, así como las modificaciones realizadas en la utilización de los mismos y los proyectos de inversión previstos. Asimismo, se requiere la autorización de la modificación otorgada por el Ministerio de Hacienda, acompañado del programa de contrataciones y el procedimiento a ser adoptado.
