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Economía
jueves 14 de julio de 2016, 01:00

Contraloría audita desde hoy la Comisión del Pilcomayo

A través de la Resolución 495, el contralor general de la República, Roy Rodgers, dispuso la realización de una auditoría a la Comisión Nacional del Pilcomayo, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Los auditores se instalarán a partir hoy en un espacio físico de la institución, para la ejecución de las investigaciones pertinentes.

La intención del organismo de control es inspeccionar los trabajos que se venían realizando en la Comisión del Pilcomayo, cuyo mal manejo está a la vista porque el canal paraguayo del río se secó. Por ello, el ecosistema que depende del cauce hídrico corre el riesgo de desaparecer, pese a que se realizaron millonarias inversiones para la limpieza del canal.

“Nosotros ya notificamos e hicimos el pedido de los primeros documentos, y justamente el MOPC mañana (por hoy) nos va a conceder un espacio físico para realizar nuestro trabajo. Como son documentos muy voluminosos, nosotros solicitamos el espacio para poder trabajar. Queremos instalarnos en la Comisión Pilcomayo y en el edificio central, donde funciona la UOC. Les pedimos en ambos lugares el espacio físico, y ya tenemos el informe de la intervención”, manifestó Humberto Franco, de la Dirección de Gestión Ambiental de la Contraloría.

Continuó que hoy “ya estará el equipo de auditoría in situ para el análisis de los documentos. De hecho, nosotros, desde la Dirección de Gestión Ambiental, ya estamos procesando la información que tenemos; en este caso, ya estamos recibiendo las denuncias todavía anónimas como para dar curso al trabajo”, expresó.

Por su parte, el titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para que, además de la Contraloría, el Tribunal de Cuentas también pueda auditar la administración de su cartera.

Según trascendió, lo que buscaba el ministro era evitar ser auditado por la Contraloría, por lo que recurrió a instancias judiciales.

Sin embargo, el asesor jurídico del MOPC, Dionisio Mereles, dijo que en ningún momento se evitará que la Contraloría haga su trabajo.

“Esto nosotros tramitamos para que además de la Contraloría, nos audite un Tribunal de Cuentas. Entonces nosotros tendremos una gestión administrativa auditada por la Contraloría General, que emite un informe técnico en carácter de autoridad de control, y también contaremos con un informe o una auditoría legal hecha por un organismo jurisdiccional del Poder Judicial; o sea, tendremos una doble garantía”, expresó.

La acción de Jiménez Gaona es en contra de la Ley 2248/03, normativa que le había sacado competencias al tribunal, para revisar cuentas de la administración pública. Es decir que por medio de la inconstitucionalidad pidió la intervención del Poder Judicial.

Jiménez Gaona ya había ordenado la intervención de la Comisión del Pilcomayo, donde se descubrieron varias irregularidades, como la desidia de funcionarios y las empresas que incumplieron. También denunció el caso al Ministerio Público.