Días atrás, la fiscala anticorrupción Claudia Criscioni denunció que funcionarios de la Contraloría intentaron blanquear millonarios desvíos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a través de una auditoría a medida.
La agente alertó que los auditores estarían incurriendo en una complicidad con los responsables del daño patrimonial. En esta causa están imputados los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy por un perjuicio al Estado de G. 68.000 millones.
Al respecto, Velázquez aseguró ayer que el trabajo de la Contraloría es completamente objetivo y que la institución a su cargo actualmente es objeto de una persecución por parte de los fiscales anticorrupción.
Sobre este punto, concluyó que el motivo del enojo de los agentes fiscales es el examen de correspondencia de bienes e ingresos que la Contraloría está llevando adelante sobre todos los funcionarios de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.
REPRESALIA. “Si reaccionan así por un pedido que vino de la Cámara de Diputados, está mal. Estamos haciendo nuestro trabajo. Esto conlleva a que nuestros auditores cada vez más se sientan amenazados y no quieran hacer trabajos de control. Si surgen amenazas por cada trabajo de control, no vamos a tener gente que quiera trabajar”, declaró Velázquez, en una entrevista con la 780 AM.
“Todo surge en el momento en que la Cámara de Diputa- dos solicitó a la Contraloría que se le haga examen de correspondencia a la Fiscalía Anticorrupción. Puedo decir que hay una persecución a la Contraloría. Es lo que puedo concluir basándome en eso”, añadió.
En ese sentido, comentó que el examen de correspondencia a todos los fiscales y funcionarios de la Fiscalía de Delitos Económicos está en la etapa de recabar información y documentos. Aseguró que una vez que culmine, la institución divulgará los resultados.
Finalmente, recordó que cuando el fiscal adjunto de la Fiscalía de Delitos Económicos era Carlos Arregui, no había problemas entre la Contraloría y el Ministerio Público, y ambas instituciones trabajaban de manera coordinada.
El examen que se realiza sobre los fiscales fue a pedido de la Cámara de Diputados, luego de una serie de imputaciones a parlamentarios de distintos partidos políticos. El fiscal general, Javier Díaz, se negó en principio a dar datos de los fiscales, pero una vez que la Contraloría reiteró su pedido de informes, brindó las infor- maciones, indicaron fuentes del Ministerio Público.
