Hace dos días, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) remitió a la Contraloría General de la República (CGR) el pedido de reconsideración para que revoque el dictamen de auditoría que recomienda cancelar el proceso de modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi, que se lleva a cabo vía alianza público-privada (APP). La cartera estatal señaló que los argumentos de la CGR eran superficiales y que, además, se extralimitó en sus funciones al brindar sugerencias técnicas.
El contralor Enrique García evitó responder los calificativos que recibió su institución de parte del MOPC y comentó que darán trámite al pedido, como mandan las normativas nacionales, por lo que ahora pasará el mismo a las direcciones internas de Licitaciones, Obras Públicas y Asuntos Jurídicos (las cuales habían participado en la elaboración del dictamen) para tener los elementos que permitan resolver por la ratificación o rectificación.
No obstante, el contralor consideró que es muy complicado cambiar la postura inicial por el tenor en que viene el pedido del ministerio, el cual se enfoca, a priori, en pedir la reconsideración de puntos por diferencias de interpretación y no por cuestiones que hayan sido dejadas de lado en el primer análisis.
“Veo complicado, en abstracto hablando, que una reconsideración se monte sobre diferencias de interpretación. En general, la reconsideración tiene que pasar a considerarse sobre la aleación de hechos que no fueron considerados para emitir la resolución, el dictamen, la opinión o lo que fuese. Vamos a ver si hay algo de eso en el escrito y, si hay, si justifica un cambio de posición. No es previsible que eso ocurra, por la forma en que se produjo la recomendación inicial, que está sostenida sobre el descubrimiento de una situación vinculada con las normas”, explicó.
La auditoría de la CGR hizo una serie de objeciones a la licitación, como no haber hecho una precalificación de oferentes y destacó la contradicción entre lo que dice la Ley 5102 de APP, el Decreto 1350 que reglamentó la ley y, en particular, el pliego de bases y condiciones (dado que se contraponían requisitos a los oferentes).
Lo que tenga que ver con valoración de normas y sistemas de normas de orden jurídico está ya expuesto en el primer dictamen, señaló.
ATRIBUCIONES TÉCNICAS. García aseveró que la Contraloría sí tiene atribuciones para dar recomendaciones técnicas, a diferencia de lo que había dicho el ministro Ramón Jiménez Gaona en su pedido. Para el MOPC, la CGR solo tiene que ceñirse a auditar las cuentas y presupuestos, no a dar opiniones sobre obras. Por ende, para la cartera no es procedente que brinde posturas sobre este apartado ni que haya solicitado una etapa de precalificación.
El contralor expresó que el argumento de que no se puede opinar técnica o jurídicamente es querer reducir el rol de la CGR a una auditoría financiera. La Constitución le habilita a hacer una evaluación integral de un proceso licitatorio y por eso tiene una dirección de Obras Públicas conformada por ingenieros, recalcó.
“Las cuentas públicas significan el manejo del dinero del presupuesto, ¿y dónde se gasta el dinero del presupuesto? Adquiriendo bienes y servicios, pagando salarios o equivalentes, lo que fuese, y en la construcción de obras, ¿cómo se fiscaliza una cuenta pública destinada por la Ley de Presupuesto a la adquisición de un bien concretado en una obra pública? Se realiza auditando la ejecución de la obra. Eso tenemos cotidianamente en la Contraloría. La verificación integral de una licitación involucra cuestiones técnicas”, manifestó.
El virtual ganador de la licitación es el consorcio Sacyr- Agunsa, que ofreció un canon anual de 32,06% al Estado. No obstante, Sacyr tiene antecedentes desfavorables en otros países y, para la Contraloría, este factor fue fundamental a la hora de dar su recomendación para la cancelación.
