La acción de nulidad que promovió el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ante el Tribunal de Cuentas, que busca invalidar el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) –que recomendó cancelar la licitación para la modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi–, institucionalmente “es inconducta y una grave incoherencia”, manifestó el contralor Enrique García.
El funcionario instó a la Justicia a rechazar la demanda y consideró este tipo de medidas como una “agresión a la institucionalidad y al sistema constitucional diseñado para el control de la utilización del patrimonio público”.
Vale señalar que la acción del MOPC se presentó ante la Segunda Sala, integrada por Gregorio Ramón Rolando Ojeda (presidente), Arsenio Coronel Benítez (vicepresidente) y María Celeste Jara Talavera (vocal). Los magistrados aún no se manifestaron sobre el polémico pedido, que busca adjudicar a toda costa la terminal aérea al consorcio liderado por la española Sacyr.
“La prensa registra declaraciones del titular del MOPC (Ramón Jiménez Gaona) en el sentido de someter la cuestión de la licitación APP Aeropuerto a los procedimientos en CGR, que arrojaron las recomendaciones respectivas, a todos sus efectos legales. La acción ante el Tribunal de Cuentas camina en sentido contrario, lamentablemente”, enfatizó García.
Ratificó que el ente contralor dictamina, recomienda, audita y emite informes, con los alcances determinados en su ley orgánica. “Se trata de instrumentos, como señala la misma ley, de cumplimiento obligatorio. Por otro lado, son de naturaleza técnica”, expresó.
Continuó: “No parece, en tales condiciones (del dictamen), que sean documentos impugnables por la vía del recurso contencioso administrativo. A partir de ello, es razonable suponer que una acción así intentada deba rechazarse sin substanciación”.
García enfatizó que “la impugnación contenciosa administrativa” de un informe técnico de “raigambre constitucional”, como lo es el dictamen y recomendación de la CGR en el caso APP del Aeropuerto, aparece como “notoriamente improcedente y visiblemente antojadiza”.
Aseveró además que la acción ante el Tribunal de Cuentas “también estaría mal dispuesta, porque dicho colegiado carece de competencia material para dirimir una cuestión de ese tenor”.
VARIOS CASOS. Por otro lado, el contralor lamentó que varias instituciones últimamente buscan un “reduccionismo” de la función constitucional de fiscalización y auditoría de las cuentas públicas que compete a la CGR. Para ello, dijo que acuden a la inconstitucionalidad y otras “acciones más o menos curiosas” para desinflar el peso y la obligatoriedad de los dictámenes y recomendaciones de la CGR.
“Los precedentes son lamentablemente negativos en ese sentido y se suman a una desconsideración sistémica del necesario control y que se expresa en la marginalidad presupuestaria dentro de la cual se mueve la Contraloría”, mencionó.
Insistió: “Al final del día, el establishment no está dispuesto a pagar por un mejor control, y se siente cómodo cuando la posibilidad real y efectiva de ejercer el control se halla debilitada, pauperizada y específicamente subordinada a la interpretación de su rol y competencia mediante la intervención jurisdiccional provocada”.
DICTAMEN. Recordemos que la Contraloría se ratificó en su postura de cancelar el proceso licitatorio del Aeropuerto (ver proceso en infografía), que se lleva adelante vía alianza público-privada (APP). El ente contralor insistió que el proyecto, por su complejidad, debió precalificar a los participantes, como ocurrió en el caso de la APP de las rutas 2 y 7, que también se adjudicó a la española Sacyr.
Entre otras cosas, el dictamen reveló que MOPC violó su propio pliego para encubrir los antecedentes de incumplimiento de la española Sacyr, lo que facilitó a la firma seguir en competencia.
El ministro Jiménez Gaona, en un comienzo, prometió cancelar, pero luego pisó su palabra y acudió a la Justicia para salvar como sea el fallido proyecto.
