Durante la reunión se discutirá el punto y se definirá la cancelación o no del llamado que realizó la empresa estatal para estas obras, debido al reclamo de metalúrgicos locales que fueron excluidos para participar en el proceso de construcción de esta infraestructura de gran envergadura.
Tanto en el llamado para las obras y la precalificación para la fiscalización se generaron polémicas. En el primer caso, por la no inclusión de empresas metalúrgicas locales y el segundo proceso que fue cancelado, debido a que se precalificó a la empresa CIA SA para la fiscalización, donde es accionista Héctor Maluf, alto funcionario de la ANDE.
Incluso, el 18 de febrero pasado, la Contraloría General de la República (CGR) había enviado una nota a la ANDE en la que solicitaba copias de la documentación respectiva sobre la licitación pública internacional de construcción de la línea de transmisión. La Contraloría requirió los convenios de préstamos formalizados con organismos internacionales para la financiación de la licitación pública de referencia.
La línea de 500 kV de Yacyretá demandará una inversión de USD 175 millones. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorgó USD 75 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) USD 50 millones y la Corporación Andina de Fomento (CAF) los USD 50 millones restantes.
El ente contralor también pidió la ley que aprueba los contratos de préstamos y de garantías del Estado, suscriptos con el BID, BEI y la CAF.
Requisitos muy exigentes. El Centro de Industriales Metalúrgicos (Cime) consideró que los pliegos de bases y condiciones, elaborados por la ANDE, establecen requisitos muy exigentes, imposibles de cumplir para las empresas locales. Aseguraron que solo se busca excluir a la industria nacional de este proyecto muy importante.
Por su parte, las autoridades de la ANDE aseguraron que los pliegos se hicieron en base a los requisitos de los bancos que prestaron el dinero.
Hasta ahora, solo se hizo el llamado para las obras de ampliación de las subestaciones de Ayolas (margen derecha) y Villa Hayes. Entre los requisitos se pedía que las empresas oferentes tengan una facturación anual promedio de USD 24 millones en los últimos cinco años.