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Mundo
miércoles 28 de septiembre de 2016, 16:27

Confirman la condena a coroneles por la muerte del padre de Michelle Bachelet

Santiago de Chile, 28 sep (EFE).- La Corte Suprema chilena confirmó hoy las condenas de cuatro años de prisión a dos coroneles retirados de la Fuerza Aérea (FACH), como autores de torturas y la posterior muerte del general de la misma institución, Alberto Bachelet, padre de la presidenta Michelle Bachelet.

Según informaron fuentes judiciales, la sentencia del máximo tribunal ratifica la condena dictada por el ministro en visita Mario Carroza (juez especial) en 2014, estableciendo la muerte - por infarto - del general Bachelet a causa de las torturas realizadas por los miembros en retiro de la FACH, Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera.

El general, que se opuso al golpe militar que encabezó Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, murió, según un informe del Servicio Médico Legal (SML), a causa de apremios ilegítimos que sufrió tras ser detenido por la dictadura de Augusto Pinochet, hecho que coincide con lo que ya habían indicado sus compañeros de armas que fueron arrestados con él.

En la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile, Bachelet fue interrogado por otros militares en el marco de un juicio por el delito de "traición a la Patria".

"El informe señala que todos los interrogatorios a los que fue sometido el general Bachelet habían agravado su situación coronaria y probablemente serían la causa de muerte, en 1974", declaró el juez Mario Carroza tras su primera sentencia, que consideró que sus resultados son "concluyentes".

Según el fallo de la Corte Suprema, Bachelet no pudo ser atendido oportunamente con los cuidados que la urgencia requería, dada la complejidad del cuadro cardíaco y los escasos medios para asistirlo.

En 1972, el general Bachelet fue nombrado por el presidente Salvador Allende (1970-1973), como secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización.

Durante la dictadura de Pinochet, según datos oficiales, unos 2.300 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.