De acuerdo con la denuncia realizada por el propio ministro de Justicia, Éver Martínez, funcionarios de la dirección administrativa de dicha cartera de Estado detectaron órdenes de compra de productos cárnicos con formato y firmas sospechosas, que diferían de las originales que elabora el sistema interno de la institución.
Los administradores detectaron nueve órdenes de compra –presuntamente falsificadas–, que están a nombre de la firma Samal SRL, con las cuales se pretendía efectivizar supuestamente de manera indebida un monto total de 233.711.640 guaraníes, según los datos.