Las diversas manifestaciones a favor y en contra de la condonación, así como los datos que se manejaron y de información que se supone no existe, como la lista de campesinos endeudados, revela la cantidad de intereses particulares y contrapuestos, mentiras y medias verdades, que van más allá de la problemática particular del campesinado.
La crisis que enfrentan los campesinos se podría haber solucionado con una política agropecuaria que integre asistencia técnica, acceso al crédito, acceso a mercados y un seguro agropecuario. La primera existe, pero es pésima, y el crédito se concedió, pero sin el complemento del mercado y el seguro.
El Gobierno tenía el diseño de un programa de compras públicas que se implementó mal y en el medio de denuncias de corrupción porque, para variar, quienes se beneficiaron fueron los intermediarios cercanos a las autoridades departamentales y municipales.
Mientras, el campesinado sigue a merced de las inclemencias climáticas, del contrabando, de los precios definidos por unos pocos intermediarios y sin infraestructura para ubicar su producción en mercados competitivos. Desde 2010, año en que la marcha de la Federación Nacional Campesina tuvo como objetivo demandar un seguro agroclimático, el Gobierno tiene una propuesta. El año pasado, la Federación presentó nuevamente su propuesta en una audiencia pública en el Parlamento, con la presencia de parlamentarios de todas las bancadas.
Hasta ahora no hay respuesta gubernamental a este importante instrumento financiero, necesario para dar sostenibilidad a la producción de alimentos y garantizar una adecuada protección a los riesgos imposibles de controlar, como el clima. Habría que preguntarse sobre las razones del desinterés político en darle una solución racional y estructural.
Hoy nos encontramos con una grave crisis alimentaria que se traduce en pobreza y endeudamiento en los campesinos y precios altos en las ciudades. De implementarse la ley de condonación, es de esperar que se realice con total transparencia y se beneficie exclusivamente a los pequeños productores de la agricultura familiar y cuyas deudas se hayan contraído para la inversión productiva, tal como señala la norma aprobada.
El objetivo final de esta condonación es la posibilidad de que continúen produciendo. Ello requiere la implementación de políticas de calidad e integradas que mejoren sustancialmente los niveles de producción y productividad, permitan el acceso a mercados con precios competitivos y mitiguen los riesgos climáticos.
El trabajo digno y productivo en el sector rural nos beneficia a todos. En las ciudades contamos con alimentos sanos y baratos; mientras que en el campo se reducen la pobreza y el desarraigo. Y lo principal no es lo económico, sino construir un país sin exclusiones y con cohesión social.
