La investigación de la causa comenzó a raíz de la denuncia de Ana de Jesús de Peralta, el 16 de mayo de 2013, en la que refirió que había adquirido a cuotas una camioneta de la marca Toyota, pero al caer en un atraso de la deuda, el vendedor había solicitado una medida cautelar con la firma del juez de Paz de Raúl Arsenio Oviedo (Caaguazú), Atilio Aguilar Mazó –quien se encontraba suspendido en sus funciones–, a fin de incautar el vehículo.
La víctima presentó copia falsa del acta de procedimiento y copia simple –también apócrifa– de la orden de incautación.
La agente fiscal Gladys González, de Lambaré había solicitado informe sobre el expediente en cuestión, y pudo corroborar que la medida cautelar no estaba en la secretaría judicial a la cual se hace alusión.
El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por el juez Rolando Duarte, e integrado por los miembros titulares, magistradas Liz Ramírez y Letizia Fracchi.
