El Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay falló a favor de la referida empresa, obligando a la institución municipal al pago de G. 18.000 millones por daños y perjuicios, monto en el cual ya se contemplan los intereses generados en todo el tiempo en que duró el juicio.
La decisión de los concejales capitalinos se agrega a la acción de apelación del citado laudo arbitral anunciada por el mismo intendente Mario Ferreiro, dejando sentada su no aceptación de los resultados que favorecieron a la mencionada firma.
La propuesta de solicitar la intervención de la institución contralora fue hecha por los ediles Rodrigo Buongermini y Federico Franco Troche. Este último incluso solicitó que también se realice una auditoría interna, en un intento por esclarecer este caso que a criterio de los ediles no se ajusta a argumentos reales.
El concejal Javier Pintos puso en duda las cifras que fueron dadas por Ivesur y que sustentaron la demanda.
Se refirió a los 60.000 vehículos que no estaban establecidos en el contrato y que supuestamente debían pasar de manera obligatoria por los talleres de esa empresa para realizar la ITV.
“Evidentemente se alteró una cantidad para avalar el daño patrimonial supuesto que sufrió Ivesur”, sentenció.
BAJO LUPA. Por otra parte, el edil Daniel Centurión, a través de una minuta verbal, agregó la solicitud de analizar jurídicamente la posibilidad de rescindir el contrato con esta firma y que estará vigente hasta el año 2018.
El mismo considera que existen suficientes elementos para terminar con la relación existente con esta empresa, sin que ello implique algún daño patrimonial para la Municipalidad de Asunción.
Recordó que en el 2013 habían planteado a los directivos de Ivesur retirar todas las demandas contra la Comuna capitalina y reducir al 50% el cobro del canon por cada vehículo inspeccionado. Dijo que los negociadores de esa firma pidieron a cambio extender a 10 años el contrato, el cual quedó finalmente en solo 5 años.
Agregó que la corporación resolvió en favor del acuerdo, pero que el Ejecutivo Municipal de ese entonces lo vetó.
El cuerpo legislativo comunal también aprobó una resolución declarativa por la cual rechaza las afirmaciones de quien fuera asesor jurídico del municipio, Benito Torres, quien dijo que se buscó con ello “cocinar” esa extensión.
