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Editorial
lunes 29 de agosto de 2016, 01:00

Con la ley, hay que volver a reconquistar la seguridad

Con el cobarde asesinato de ocho militares en Concepción, los grupos armados criminales han llegado a un nivel de terrorismo pocas veces visto. La guerra no declarada está desangrando al país, en un perverso ámbito al que se suman las acciones cada vez más violentas de mafias del narcotráfico, con la abierta complicidad de algunos sectores políticos. Es hora de que la ciudadanía también supere el temor o la apatía, para exigir al Gobierno una reacción más decidida en el combate contra el terror. El país entero debe unirse en una cruzada a favor de la justicia y de la paz, reclamando un plan serio de persecución y castigo a los criminales, dentro del imperio de la ley, para reconquistar la seguridad.

El despiadado atentado en que resultaron muertos ocho militares, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en la zona de Arroyito, Concepción, en la mañana del sábado, atacados con la explosión de una bomba y luego ultimados con disparos de armas automáticas durante una patrulla de rutina, debe marcar un punto de inflexión en la lucha contra los grupos armados criminales, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Agrupación Campesina Armada (ACA).

Este atentado atribuido –aunque no todavía confirmado– al EPP constituye el mayor ataque registrado hasta ahora contra integrantes de las fuerzas de seguridad, desde que el grupo criminal inició oficialmente sus acciones en 2008, sumando a 64 las víctimas asesinadas durante sus atentados, 40 de ellas en el periodo del actual gobierno del presidente Horacio Cartes.

El aumento de la escalada de violencia en la región Norte del Paraguay no solo proviene de grupos armados criminales que se reivindican como presuntos guerrilleros, sino también de bandas mafiosas del narcotráfico, que en los últimos meses han producido atentados con armas de guerra en centros urbanos de alta densidad poblacional, como el asesinato del capo Jorge Rafaat, en Pedro Juan Caballero, en junio pasado, con una ametralladora antiaérea.

Esta situación ha ido convirtiendo a toda la zona fronteriza limítrofe con el Brasil en escenario de una guerra no declarada, que cobra cada vez más víctimas, situación que el Gobierno no parece haber tomado en serio hasta ahora.

La imposición del estado de emergencia en tres departamentos, San Pedro, Concepción y Amambay, y la modificación de una ley para autorizar a los militares a intervenir en el combate, hasta ahora ha resultado más declarativa que efectiva, ya que la Fuerza de Tarea Conjunta no ha logrado capturar ni abatir a ningún miembro importante del EPP. Los criminales siguen matando impunemente, secuestran y mantienen cautivos a tres compatriotas, uno de ellos desde hace más de dos años.

La terrible y cruel masacre de Arroyito debería ser también una llamada a la reacción de la sociedad, que hasta ahora se mantiene generalmente pasiva ante la gravedad de lo que ocurre. Debe ser además un llamado de atención a la clase política, en donde siguen habiendo varios exponentes con claros nexos con el narcotráfico, y que asumen posturas cómplices al trabar en el Congreso los proyectos de leyes que buscan transparentar el origen del dinero que financia las campañas electorales.

Es hora de exigir al Gobierno una reacción más decidida en el combate contra el terror, en todas sus formas. El país entero debe unirse en una cruzada a favor de la justicia y de la paz, reclamando un plan serio de persecución y castigo a los criminales, dentro del imperio de la ley, para reconquistar la seguridad que el país necesita.