Más allá del crecimiento del PIB, gran parte de los indicadores económicos no muestran cambios sustanciales que nos permitan señalar una trayectoria decidida hacia el desarrollo. No cabe duda de que la estabilidad macroeconómica es un pilar para el crecimiento, pero no ha sido suficiente para el desarrollo ni el bienestar, a pesar de más de una década de tasas del PIB relativamente altas.
Si bien es cierto que la inflación y el tipo de cambio se han mantenido relativamente estables contribuyendo a la previsibilidad, también es verdad que otros indicadores empezaron su deterioro a un ritmo mayor que el adecuado, como el déficit público y el endeudamiento.
La atención, hasta este momento, se ha centrado en el crecimiento económico, lo que ha tenido un costo relativamente alto, ya que el país no ha logrado aprovechar muchos años de buen desempeño para solucionar problemas estructurales, como un sistema productivo de bajo valor agregado, la desigualdad económica, la inequidad tributaria, la escasa diversificación productiva, la excesiva dependencia del clima y de los mercados internacionales, el bajo nivel de ingreso promedio y la mala calidad del trabajo remunerado.
Este es el último año de gestión del actual Gobierno. No se pueden esperar cambios sustanciales en los resultados económicos en un solo periodo de gobierno, pero sí señales positivas contundentes. Lastimosamente esto no fue posible y el último año llega mostrando pocos resultados; los más importantes, en infraestructura.
Sin embargo, el aumento de la inversión pública, necesario desde todo punto de vista, estuvo contaminado en casi todos los casos por denuncias de corrupción, tráfico de influencias, dudosa legalidad y legitimidad de los procesos licitatorios, y problemas de diseño en las obras y en los contratos.
A la situación poco alentadora en los cambios económicos estructurales que requiere el país, en los últimos meses se agrega la pelea por la reelección. El sector empresarial ya levantó su voz en torno a la desaceleración económica que enfrenta el país y el riesgo de profundización derivado de la crisis política. Los medios de prensa internacionales se han hecho eco de la situación, y en algunos casos, como el de una calificadora de riesgo.
Las autoridades no pueden desconocer los estrechos vínculos entre la política y la economía. No solo es ingenuo, sino principalmente irresponsable. La negación de este vínculo significa mentirle a la ciudadanía y, sobre todo, asumir que no son necesarias políticas para minimizar los efectos negativos.
La economía paraguaya no fue efectiva para mejorar gran parte de los indicadores económicos, aun en periodos de alto crecimiento económico. La coyuntura política corre el riesgo de acentuar el problema y llevarnos, en un contexto internacional desfavorable como el actual, a un estancamiento, e inclusive, a retrocesos en algunos ámbitos. Las autoridades económicas deben tomar cartas en el asunto.