La emergencia que se desata con los compatriotas ribereños es un asunto de Estado. Sin embargo, a las autoridades nacionales, con el Ejecutivo a la cabeza, les importa poco, no le dan la gravedad que tiene ni la dimensión del drama social que está ocurriendo.
Con más de 100.000 desplazados en los pasados días, el Gobierno dijo que no ameritaba hablar ni declarar emergencia. Que el hecho no había llegado aún al nivel que determina que exista una situación crítica. Lógicamente, este tipo de posiciones es muy fácil de adoptar desde una cómoda oficina, donde se tiene todo sin restricciones.
Hoy, esa cifra ya está ampliamente superada. Y recién ahora comienzan los mecanismos institucionales a articularse. Es como esa vieja práctica indolente de quien deja que todo caiga hasta que queda en pie el último pedazo y allí intenta salvar levantando lo caído cuando mejor y más económico hubiera sido evitar que se desplomara.
Para la mayor o menor celeridad en la reacción del Gobierno central (el municipal en la capital por lo menos está actuando) hay que entender la lógica del momento y el ciclo histórico que se vive. Dicho de otro modo, no estamos en tiempos electorales. Las municipales ocurrieron a mediados del mes pasado y la generales se darán recién en 3 años. Eso coloca el caso en un terreno de poco interés electoral, entonces el aparato que hace “negocio del voto” con la desesperación, el drama y las miserias sociales, no ve ningún interés para estar aceitado y eficiente.
Tampoco se los ve a los políticos –como cuando están en campaña– apareciendo y movilizando recursos –aunque si son del Partido Colorado por lo general usan los que son del Estado, es decir los de todos– generando aunque sea un paliativo en medio de la desesperación generalizada.
El problema no es solo en la capital de la República, es en todas las zonas ribereñas del Paraguay y Paraná y sus afluentes. La magnitud del problema es impredecible.
La solidaridad ciudadana –la de aquellos que no condenan a los damnificados por supuestos hechos de raterismo y afeamiento de plazas– comienza a desencadenarse ante la indolencia pública. No debería ser en un país donde el Estado funcionara al servicio de la gente, donde el Gobierno sostuviera políticas públicas reales y coherentes, pero es. Y es para evidenciar que las autoridades nacionales se preocupan de la realidad de la población solo cuando el problema ya es inocultable. Mientras esté en la visibilidad pública, no les importa.
Los ribereños la pasan muy mal. Recibirán un nuevo año en condiciones indeseadas. Eso, a quienes nos gobiernan les importa poco, prefieren ocuparse de sus intereses particulares dejando a la población con la soga al cuello.
