El diputado (ANR) proyectista, José María Ibáñez, destacó que una de las principales preocupaciones que motivaron la elaboración del proyecto de ley es que justamente se constató que muchas casas comerciales, al financiar la venta de sus productos, superan el límite legal establecido.
Cabe recordar que la tasa usuraria fijada para el mes de octubre es de 42,52%, conforme a lo dispuesto la semana pasada por el BCP.
“En el sector financiero ofrecer créditos más allá de los límites establecidos lo ubica a uno en posición de usurero, pero vender bienes más allá de la tasa de usura por la misma ley no lo es. Esta ley nos va a permitir que la libranza se pueda operar sin cometer usura, que muchas veces viene disfrazada”, recalcó.
central. Al ser consultado sobre las críticas que manifestaron varios analistas económicos, de que en el proyecto figure que miembros de la Cámara Paraguaya de Libranzas (Capali) participen de la Central de Riesgo de Créditos, el parlamentario respondió que es razonable la observación pues el sector comercial no puede ser “juez y parte”.
No obstante, aclaró que todavía no se ha definido cuál será el organismo de aplicación que estará manejando esta central, aunque se maneja la posibilidad de que sea el Ministerio del Industria y Comercio o la Superintendencia de Bancos del BCP.
“La ley permite un intercambio de información entre la unidad de análisis de riesgo del sistema financiero con esta central de riesgo del sector comercial, va a permitir compartir información para medir mejor al usuario del crédito”, subrayó.
capital. Del debate sobre la ley participaron miembros de la Asociación de Bancos del Paraguay, Banco Nacional de Fomento (BNF), Capali, Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) y representantes de pequeños comercios.
Una de las modificaciones que se consensuaron sobre el anteproyecto inicial es sobre el capital mínimo exigido para poder operar con el sistema de libranzas.
En la redacción se contemplaba un mínimo de G. 550 millones de capital; sin embargo, para no excluir a las firmas más pequeñas, se acordó que el límite mínimo para operar sea de un capital de G. 130 millones, como establece la ley del comerciante.
Se espera alcanzar un consenso para que en 20 días más se discuta la ley en el pleno.
