Qué gran sorpresa para la mayoría de los ciudadanos resultó la diputada por Canindeyú, Cristina Villalba, pero más aún, el intendente de Ypejhú, Vilmar Acosta, y el gobernador de este Departamento, Alfonso Noria.
A medida que se hurga en sus respectivas hojas de vida, la expresión inmediata, y más común, es: ¡Cómo pudieron llegar a ser las autoridades que representan! Y sí. Tuvo que ser asesinado Pablo Medina para que se fijaran todas las miradas hacia Canindeyú y sus personajes más representativos, por su actuación, desconcertantes fortunas y blindaje de impunidad.
Con facilidad hoy se identifican las vinculaciones de estos y sus radios de acción. Mientras los ciudadanos nos escandalizamos de la absoluta falta de ética de los partidos políticos que promueven sin ningún reparo a figuras sin catadura moral.
La señora Villalba irrumpió en el Parlamento con mucha fuerza y con ínfulas de quien se siente bien respaldada políticamente. Esto le facilitó ser líder de bancada del Partido Colorado en Diputados. Pronto sus declaraciones cobraron relevancia, lo que le fue suficiente para ganar la visibilidad ante los otros poderes, y ejercer influencia para los nombramientos en el Departamento que representa.
Aún así, ella supuestamente no sabía en qué andaba el intendente Acosta, con quien –según fotos publicadas en su muro de Facebook– se la ve compartir celebraciones privadas y públicas con mucha familiaridad.
Pero ella –bautizada mediáticamente como la Reina del Norte–, insiste en que desconocía en qué negocios andaba aquel hombre, en cuyo establecimiento hace unos días hallaron un campamento de producción de marihuana.
Acosta ya había zafado la Justicia en 2011, según nos contaba Pablo Medina, el asesinado corresponsal de ABC en Curuguaty, tras cuyo crimen, curiosamente el intendente Acosta se comunicó con la diputada Villalba, para luego darse a la fuga. Ayer, en una entrevista radiofónica, el intendente de Katueté dijo al periodista Carlos Peralta que todo Canindeyú sabía quién era y a qué se dedicaba Vilmar Neneco Acosta, hoy sospechado de haber ordenado la muerte del periodista.
Pero recién ahora, como en una película de policiales, estamos comenzando a entender la red delincuencial a gran escala instalada en Canindeyú y nos preguntamos: ¿No llegó la hora de que ciudadanos y medios de comunicación seamos más rigurosos en el examen de la historia de vida o ¿foja? de cada candidato a cargo electivo?
En las elecciones, la prensa y el ciudadano deben actuar con cada uno de los candidatos en disputa por un cargo, como lo haría un gerente de Recursos Humanos de una empresa con intención de seleccionar al mejor personal. Esta tarea no lo hicieron ni los pobladores de Canindeyú, ni lo hicimos los medios de comunicación en las elecciones generales últimas. Un grave error que, como lo estamos viendo, nos está costando muy caro, y ya no debe repetirse.
