24 abr. 2024

Cómo se inicia la causa penal

Según la imputación inicial presentada por los fiscales Aldo Cantero y Luis Piñánez, la causa en el expediente se inicia ante la denuncia formal presentada el 13 de mayo de 2015 por el ministro Francisco De Vargas, en la cual manifiesta la existencia de supuestas irregularidades detectadas en el marco del convenio suscripto entre Petropar y la Comandancia de la Policía Nacional para la provisión de combustible por medio de las tarjetas Flota-Petropar y que tendrían relevancia penal.

En el mismo escrito de denuncia, De Vargas manifiesta que en abril pasado se solicitaron irregularmente la activación de 186 tarjetas magnéticas para la provisión de combustibles para vehículos de Inteligencia y Antisecuestros de la Policía Nacional, que registran un consumo total de G. 1.159.242.441.

Extraían dinero. Añade el argumento de la imputación que en algunos casos concretos, dichas tarjetas presumiblemente habrían sido utilizadas para la extracción de sumas de dinero y no para la provisión de combustible, conforme a lo previsto en el convenio.

Según estos mismos datos, en lapsos muy cortos de tiempo, el sistema informático de Petropar reveló que, en casos concretos, una misma tarjeta fue utilizada en forma sistemática y sucesiva para las operaciones con montos elevados.

Connivencia. De acuerdo a la imputación referida el suboficial Roberto Osorio Romero, en connivencia con su superior el comisario principal Juan Mendoza Pérez, tesorero de la División Combustible de la Comandancia de la Policía Nacional, solicitaron en múltiples ocasiones la habilitación y posterior entrega de nuevas tarjetas libres (tarjetas utilizables al portador sin número de chapa).

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