La titular del órgano asesor, la colorada Cynthia Tarragó, manifestó que tomaron dicha postura luego de analizar el proyecto con diferentes sectores y teniendo en cuenta las legislaciones internacionales y lo que establece nuestra propia Constitución Nacional, en su artículo 28 que hace referencia al derecho a informarse.
Señaló que queda claro que el fundamento esencial a ser protegido es el derecho humano al acceso a la información pública y la libertad que ello conlleva.
Indicó que dictaminaron tras un estudio minucioso de que todo tipo de reglamentación que pretenda establecer los mecanismos de acceso a la información pública no hacen otra cosa más que alterar el orden natural de la libertad de expresión y el acceso a la información, ya que toda redundancia en la materia, antes que beneficiar y facilitar su aplicación, apuntan más a un cercenamiento.
La normativa debe ser tratada por el pleno de Diputados en los próximos días. El proyecto cuenta con media sanción del Senado.