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miércoles 10 de agosto de 2016, 10:45

Comisión de Pilcomayo es cuasi autónoma, asegura ministro de Obras ante el Senado

El ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, afirmó que la Comisión Nacional del Pilcomayo es cuasi autónoma y su director es el responsable de los gastos. De esa forma, deslindó responsabilidades por la situación del cauce hídrico durante su interpelación en la Cámara de Senadores.

Jiménez Gaona y sus asesores se presentaron en la mañana de este miércoles ante el pleno de la Cámara de Senadores para cumplir con la citación con fines de interpelación. El secretario de Estado contestó 31 preguntas referentes a la crisis actual del río Pilcomayo.

En la primera pregunta, el ministro de Obras Públicas dejó en claro que la Comisión de Pilcomayo es un cuerpo colegiado con representantes de varias instituciones estatales y privadas. Dijo que tiene una comisión ejecutiva con atribuciones, funciones y responsabilidades específicas.

“La Comisión del Pilcomayo se configura en una dependencia cuasi autónoma, con dependencia administrativa”, indicó. Al finalizar las preguntas y ante la consulta de la senadores Desirée Masi, reiteró el ministro de Obras Públicas que no tienen la capacidad legal de exigir una acción de cualquier tipo a la comisión.

Al ser consultado sobre los trabajos en la zona, respondió que se hizo la profundización del canal, el mantenimiento, la construcción y reparación de caminos, muros de contención ante inundaciones.

Detalló que en el 2013 se tuvo un presupuesto de G. 43.954 millones con una ejecución del 84%; en el 2014 G. 33.573 millones con una ejecución del 33%; en el 2015 G. 55.968 millones con la ejecución del 84% y en el 2016 se tuvo G. 91.565 millones, con una ejecución del 7% hasta la fecha.

Al deslindar responsabilidades, el secretario de Estado dijo que la Comisión del Pilcomayo no remitió a la cartera de Obras ningún estudio sobre el comportamiento de las aguas del cauce hídrico, tampoco la formulación de una política nacional, proyectos para evitar el retroceso del caudal ni un plan de contingencia en caso de sequía y mortandad de animales.

Sin embargo, dijo que la institución a su cargo tomó la decisión de implementar medidas de mitigación ante la crisis. También hizo hincapié varias veces sobre la intervención que ordenó hacer a la Comisión.

En ese sentido, Jiménez Gaona negó que se haya ordenado la paralización de las obras durante la intervención. Además, responsabilizó al director destituido de no tener un control técnico ni orden de servicio con la empresa contratista y la falta de un seguimiento relacionado al cumplimiento del contrato.

Sobre los pagos adelantados realizados a las firmas encargadas de ejecutar los trabajos en el canal paraguayo, afirmó que el Ministerio de Obras Públicas transfirió los fondos conforme a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones, y por pedido de la Comisión del Pilcomayo.

"Nosotros identificamos en la intervención que no existe una manera adecuada de demostrar las obras que se hicieron, pero las obras se hicieron. De hecho, en el mes de febrero de este año el agua ingresó y transitó a los largo de los 50 km del canal, demostrando que las obras de ingeniería funcionaron. Las discrepancias que encontramos es de tinte administrativo con respecto a las actividades hechas y pagadas", explicó.

Así también, aseguró que entre los meses de noviembre de 2015 y febrero de 2016 se tuvo el ingreso de aguas al canal paraguayo del río Pilcomayo y no registraron mortandad de animales. Ya en el mes de junio, cuando se desató la crisis por la sequía, refirió que ordenaron acciones de mitigación.

INTERPELACIÓN. El artículo 193 de la Constitución Nacional establece que ambas Cámaras del Congreso podrán interpelar individualmente a los ministros y a otros altos funcionarios de la administración pública, directores de entes autónomos, autárquicos, descentralizados y autoridades de las empresas estatales.

El llamado debe concretarse por una mayoría y se puede realizar cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivas actividades.

Las preguntas deben comunicarse al citado con una antelación mínima de cinco días. Salvo justa causa, será obligatorio para los citados concurrir a los requerimientos, responder a las preguntas y brindar toda la información que les fuese solicitada.

VOTO CENSURA. Luego de la interpelación, los legisladores analizarán la respuesta de la autoridad y si consideran que no fueron satisfactorias pueden emitir por mayoría de dos tercios el voto censura y recomendar su remoción del cargo al presidente de la República.

APARECEN EN ESTA NOTA