Dependerá ahora de la mesa directiva de la Cámara y de los líderes de bancada definir la fecha para el inicio del proceso, informó la periodista de ÚLTIMA HORA, Diana González.
El senador colorado Arnoldo Wiens, vocero de la citada comisión, explicó a los periodistas acreditados ante el Congreso que el dictamen tuvo voto favorable pese a “algunas intenciones de volver a postergar” la sesión de la comisión.
“Este mes, sino es antes de Semana Santa, antes de que termine el mes de marzo, vamos a iniciar el circuito para ver cómo vamos a proceder. Si haremos uno a uno o si haremos al terminar el proceso a cada ministro”, explicó el senador Wiens.
“La Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un dictamen sobre un expediente dado y es la presidencia del Senado la que va a decidir en qué secuencia se va a tratar”, explicó.
Continuidad del proceso
El dictamen a favor de la comisión del Senado reactiva un proceso que estuvo por más de un año paralizado. El mismo inició el 10 de diciembre de 2014, cuando la Cámara de Diputados acusó por mal desempeño en sus funciones a los tres ministros de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo al libelo acusatorio presentado ante el Senado, Óscar Bajac incurrió en mal desempeño en sus funciones por utilización de la mentira para acceder al cargo y actitud maliciosa por el caso de Fabio Rufatto, quien fue condenado a una pena de 23 años por homicidio doloso y cuya condena se redujo a 9 años por decisión del ministro; el caso Zafiro y otras causas vinculadas a narcotraficantes y casos de nepotismo. Así también, se tiene en cuenta la anulación de pruebas y fallos contradictorios, tráfico de influencias y liberación del jefe de la mafia china
En cuanto a las acusaciones contra el ministro Sindulfo Blanco se plantean fallos contra la Constitución y el interés general (prevaricato), pérdida de la honorabilidad y de la dignidad y la compra-venta de tierras públicas.
Igualmente, se le acusa de ignorancia de la ley, de declaración de certeza constitucional a favor del ministro Óscar Bajac, de maniobras para impedir la intervención de la Contraloría General de la República en el control de los gastos del Poder Judicial y de ineficaz ejercicio de la función de superintendencia.
