En un artículo que hoy pública el diario español El País, la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, habla abiertamente de Electricaribe, la filial de Gas Natural que el Gobierno colombiano liquidó el 14 de marzo debido a sus cuantiosas pérdidas económicas y por considerar que no presta un servicio adecuado.
Días después Gas Natural Fenosa -propietaria del 85 % de Electracaribe- presentó una demanda ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de dólares como compensación.
En su artículo, Lacouture asegura que términos como “nacionalización, hostigamiento y expropiación” no se corresponden con la decisión adoptada e insiste en la “seguridad jurídica” existente en Colombia, como testimonian las “419 empresas españolas instaladas en el territorio”.
La liquidación de Electricaribe llegó “tras un riguroso análisis técnico que evidenció la incapacidad de la empresa para prestar el servicio público con la continuidad y calidad debida, así como una grave situación financiera que podía llevarla a una cesación de pagos”, afirma la ministra.
Ante el riesgo de un inminente “apagón” en las zonas donde operaba Electricaribe, el Gobierno optó por “proteger a las familias y a las industrias de la región”, según Lacouture, quien deja claro que Gas Natural Fenosa tiene otros negocios en Colombia “rentables y en expansión” sobre los que no hay problema alguno.
Reconoció, por último, el derecho de la empresa española a presentar una demanda internacional.
