Así lo aseguró la cancillería colombiana en un comunicado en el que asegura que el Gobierno continúa defendiendo con “firmeza” la integridad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los derechos del país en el mar Caribe.
Según la cancillería, lo que estudia la Corte “es si Nicaragua tiene razón cuando dice que con las operaciones de nuestra Armada en el Caribe realizadas con el objetivo de defender y proteger los derechos legítimos de la población Raizal y los demás isleños, y con la expedición del decreto de Zona Continua Integral, Colombia habría violado el derecho internacional”.
Según la cartera de relaciones exteriores este caso se inició en noviembre de 2013, cuando Nicaragua demandó formalmente a Colombia ante la Corte y “no afecta en ningún sentido la integridad del territorio ni los límites del mismo”, ya que no forma parte de la primera demanda de Managua por la plataforma continental.
Colombia siempre ha sostenido que la plataforma del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina “se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana” que se extiende hacia el noroeste y hacia el Archipiélago en al menos 200 millas.
En noviembre de 2012 la Corte había redefinido la frontera marítima entre ambos países, un fallo que Colombia considera inaplicable porque los límites del país solo pueden ser modificados con autorización del Congreso, lo que no ha ocurrido en este caso.
La cancillería explica que siguiendo los cronogramas de la Corte, el Gobierno colombiano presentará mañana “la Contramemoria en el proceso iniciado por Nicaragua sobre Supuestas Violaciones de sus Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe”.
Asimismo, la cancillería asegura que en la contramemoria “Colombia responde, punto por punto y argumento por argumento, los alegatos planteados en la Memoria que Nicaragua entregó a la Corte”.
Igualmente dice que para la elaboración del documento se contó con la comunidad raizal de San Andrés y que también nombró a Fady Ortiz Roca como embajador de Colombia en La Haya.
Por último, explica que según la Corte, los documentos del proceso son “estrictamente confidenciales” hasta cuando se abra la fase oral, la cual es pública, y que “por esta razón, no es posible revelar, por ahora, el contenido” de la contramemoria.
Remarca que “una parte importante de la defensa de Colombia en este caso gira alrededor de temas tan trascendentales como la integridad del Archipiélago, la preservación de la Reserva Seaflower, la protección del hábitat natural y los derechos históricos de pesca en las áreas marítimas aledañas al Archipiélago de San Andrés”.
