La Codehupy rechazó el desalojo que se hizo en la colonia Guahory, departamento de Caaguazú, el viernes, donde familias campesinas fueron expulsadas de sus casas y tierras de cultivo mediante una acción policial y fiscal (...) “de la que también participaron civiles sin que un juez se haya pronunciado sobre la procedencia o no del desahucio”.
Sostuvo que este tipo de acciones son “incompatibles con las obligaciones de un Estado democrático” por lo que considera que fue “una grave violación a un conjunto de derechos humanos como la vivienda, la alimentación, el agua y la seguridad en el hogar”.
Para la Codehupy el supuesto pago recibido de la Policía Nacional y la injerencia de altos funcionarios y dirigentes políticos allegados al Poder Ejecutivo “son un elocuente indicador de la colusión público “privada instrumentada para violar los derechos humanos de numerosas familias campesinas”.
Este accionar que somete a sus agentes fiscales y policiales a los intereses de grupos económicos emparentados políticamente con el Poder Ejecutivo y sus aliados constituye “un vaciamiento democrático que cada vez se diferencia menos de una dictadura”, según el documento.
El supuesto pago fue declarado por uno de los brasiguayos beneficiado con el desalojo de las familias campesinas. Incluso hay un video de uno de ellos grabando todo el accionar y también agradeciendo a Yacyretá por prestar un helicóptero para realizar el operativo.
