Los organizadores del evento señalan que escogieron la Plaza de los Desaparecidos, ubicada sobre la calle Paraguayo Independiente entre Ayolas y Montevideo, como un homenaje al destacado trabajo realizado este año por el equipo dirigido por Rolando Goiburú, que logró la identificación de las primeras cuatro personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner y el hallazgo de los cuerpos de dos víctimas más, los cuales serán analizados para su identificación.
aparecidos. El informe anual resume los hechos más destacables de este 2016 en lo relativo a derechos humanos, y entre ellos, el ya mencionado caso de las identificaciones y hallazgos realizados por el Equipo Nacional para la Investigación, Búsqueda e Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas (Enabi), entre 1954 y 1989, coordinado por la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia y Trabajo, con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Los primeros dos identificados a fines de agosto de este año fueron Miguel Ángel Soler y Rafaela Giuliana Filipazzi; el primero un histórico dirigente del Partido Comunista Paraguayo, desaparecido en el barrio Herrera de Asunción, el 30 de noviembre de 1975, y la segunda de nacionalidad italiana, desaparecida en Montevideo, Uruguay, el 26 de junio de 1977.
El tercero fue José Agustín Potenza, argentino, nacido el 23 de abril de 1928; quien fue detenido y desaparecido en junio de 1977, en Montevideo, Uruguay. Sus restos óseos fueron hallados el 19 de marzo de 2013 en una fosa común en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional y exhumado el 21 de marzo del mismo año.
El cuarto identificado fue Cástulo Vera Báez, nacido en Villa Elisa, el 22 de marzo de 1944, agricultor y futbolista. Fue detenido en enero del año 1977, en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Puerto Iguazú, Argentina.
A principios de noviembre pasado, el equipo halló una fosa con restos óseos en la compañía 7 de Diciembre, del distrito de Tavaí, Caazapá, que corresponderían a dos personas presumiblemente del Movimiento 14 de Mayo, ultimados por la dictadura en el año 1960.
El informe de la Codehupy toca el tema en el artículo sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que también destaca que el Estado reconoció su responsabilidad en el asesinato del productor campesino Eulalio Blanco, y ofreció disculpas y una reparación a su familia.