De manera amplia podemos decir que se entiende por clima de negocios el conjunto de condiciones que facilitan la actividad empresarial en un país. A manera de ejemplo, el Índice de Competitividad del WorldEconomicForum mide la competitividad de un país a través de indicadores agrupados en 12 pilares, entre los cuales señalamos: instituciones públicas, infraestructura, estabilidad macroeconómica, educación y salud, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, disposición tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación comercial e innovación.
A su vez, en relación con algunos de estos pilares, entre los indicadores se incluyen aspectos jurídicos o legales, como ser derecho de propiedad, independencia judicial, marco legal para la resolución de conflictos, políticas antimonopolio, rigidez del mercado laboral, protección a las inversiones, protección de la propiedad intelectual, entre otros.
Estos aspectos, tan relevantes para la competitividad de un país y un favorable clima de negocios, necesariamente, involucran al Estado o Gobierno como un todo (es decir, a los tres poderes del Estado) y a la sociedad civil en su conjunto.
Desde el Estado, de manera general, se espera que los poderes que lo integran comprendan que deben articular esfuerzos a fin de establecer y luego ejecutar políticas de Estado claras.
Desde el Poder Legislativo destacamos la sanción durante los dos últimos años –en ciertos casos a instancias del Poder Ejecutivo– de leyes tales como la Ley de Promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado, más conocida como Ley de APP o de Alianza Público-Privada (Ley Nº 5102/2013); la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley Nº 5098/13), la Ley de Libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental (Ley Nº 5282/14), la Ley de Comercio Electrónico (Ley Nº 4868/13), que han servido para que nuestro país cuente con una plataforma legal que ofrezca mayor seguridad jurídica y previsibilidad para los negocios y transparencia en la gestión pública.
Sin embargo, consideramos que este poder debería tener un rol más proactivo en la sanción de leyes que sirvan para mejorar las condiciones existentes, asignando a una comisión bicameral el estudio y la elaboración de proyectos de ley que son transversales para mejorar el clima de negocios y el nivel de competitividad de nuestro país. A manera de ejemplo, consideramos que se deberían simplificar los procesos y, por ende, los tiempos para las convocatorias y los juicios de quiebras de las empresas. En la dinámica del mundo empresarial, es igualmente importante simplificar los procesos tanto para la apertura de empresas (por ejemplo, en cuanto a constitución de sociedades) como de cierre de empresas, a fin de facilitar la reinversión de capitales. En materia de sociedades, consideramos que debería modificarse el marco legal existente para que los extranjeros puedan integrar los directorios de las sociedades sin necesidad de pasar por un trámite de radicación.
Desde el Poder Ejecutivo se le ha dado impulso al servicio del SUAE (sistema unificado de apertura de empresas) y se han adoptado las medidas administrativas para la implementación, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Convenio que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros (más conocido como Convenio de la Apostilla), lo cual se traducirá en menores costos y más agilidad en la utilización de documentos autorizados por un Estado parte del convenio que deben ser presentados en otro Estado parte. Además, se han dictado los Decretos Reglamentarios de la Ley de Defensa de la Competencia; de la Ley de APP y de la Ley de Comercio Electrónico, entre otros.
No obstante, sigue como deuda pendiente la tan ansiada reforma de las instituciones públicas, especialmente, las que prestan servicios al ciudadano. Una muestra palpable de ello es el deficiente y lento servicio que presta la Dirección General de los Registros Públicos (hasta ahora dependiente de la Corte Suprema de Justicia) en la expedición de todo tipo de certificados e informes relacionados con los más variados trámites, como ser transferencias de bienes, condiciones de dominio, etc. La simplificación de trámites y la reducción de tiempos para este tipo de gestiones (especialmente, para la titulación de propiedades) son un desafío que requiere articulación de los tres poderes del Estado.
En cuanto al Poder Judicial, es fundamental que sus miembros (los magistrados) sean electos dando preponderancia a su formación académica y su trayectoria profesional (legajo de casos resueltos) y personal (valores éticos), a fin de que ellos puedan obrar con independencia de factores políticos y fuerzas económicas.
Se podrían adoptar esquemas de control de fallos a fin de que pueda litigarse dentro de un marco previsible que se sustente en la uniformidad de los fallos. Se deben mejorar los sistemas de evaluación del rendimiento o desempeño de los juzgados y tribunales de manera a ir bajando gradualmente los altos índices de morosidad en la resolución de los casos. Asimismo, se deben elevar las sanciones pecuniarias y aplicar las medidas disciplinarias a los magistrados que incurran en faltas. Un Poder Judicial con serios problemas de eficiencia y con serios niveles de desconfianza requiere una urgente y profunda reforma. La correcta administración de Justicia no es sino la aplicación correcta e imparcial de la ley en cada caso concreto. Es lo que garantiza la vigencia de un verdadero Estado de derecho
Finalmente, la sociedad civil (el sector privado) en su conjunto, debe hacer esfuerzos para articular y consensuar posturas para definir una agenda país, y focalizar sus recursos humanos y económicos según las prioridades que sean de interés común, además de construir y mantener puentes institucionalizados con el sector público que permitan una fluida colaboración entre ambos sectores.
Sin duda, es auspicioso saber que Paraguay se ubica en lugares de privilegio en estos rankings. Sin embargo, aún nos queda mucho por hacer para mantener un clima de negocios favorable, con cielo claro y despejado.
