El proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto siempre ha sido un aspecto crítico para el desarrollo y la gobernabilidad del país. Siendo el principal instrumento de política fiscal que tiene el país, también es uno de los instrumentos que mejor refleja la irracionalidad de las autoridades y políticos.
La falta de racionalidad para gestionar los conflictos y garantizar un buen funcionamiento de todos los sectores que inciden en este instrumento ha generado un Presupuesto que favorece, en primer lugar, a intereses particulares y, de manera secundaria, al bien común.
Una proporción importante de los recursos se dirige a financiar un servicio civil que no cuenta con una carrera profesional, por lo que el sistema de remuneraciones está más vinculado al clientelismo político que a los resultados de la gestión.
Rubros estratégicos para la eficiencia y eficacia de las políticas tienen escaso o nulo financiamiento, con lo cual, a pesar de existir recursos, los resultados son exiguos. Se financian a docentes y personal de blanco, pero sin útiles o medicamentos.
Se construye infraestructura educativa y de salud, pero no se instala una política de transporte que garantice el traslado. Se pagan pensiones alimentarias a adultos mayores, pero no se les provee servicios de salud, principal problema a esa edad. Se entregan créditos y subsidios al sector agrícola, pero sin capacitación, asistencia técnica o acceso a mercados.
En fin, se pueden señalar innumerables ejemplos de formas en que se implementan políticas incompletas o insuficientes. Todas estas inconsistencias no solo generan ineficiencia, sino que también son focos de conflicto que no contribuyen a la cohesión social.
Si los problemas por el lado del gasto son importantes, son aún más por el lado de los ingresos. La estructura tributaria evidencia la preeminencia de los impuestos indirectos debido a la fuerte influencia de los sectores de mayores ingresos contra el mayor peso de los impuestos directos.
Así, el Estado, a través de su política fiscal, es lento para mejorar la calidad de vida de la mayoría y prácticamente inútil para reducir las desigualdades, principal característica económica y social de nuestro país.
El Presupuesto es una de las herramientas más importantes con la que cuenta el Estado para cambiar la vida de sus ciudadanos. Actuar con ligereza e irresponsabilidad significa menospreciar este rol y, sobre todo, violar principios básicos de una democracia representativa.
Parlamentarios y Poder Ejecutivo deben garantizar que el Presupuesto refleje el interés nacional y no los intereses particulares de grupos minoritarios y privilegiados.