No lo asumen oficialmente, pero la amenaza está en el aire. La posible presentación de un nuevo proyecto de ley de enmienda de la Constitución Nacional para introducir la figura de la reelección, que haga posible volver a presentar la candidatura del actual presidente, Horacio Cartes, y por ende del ex presidente Fernando Lugo (como de cualquier otro ex mandatario), se cierne como una espada de Damocles sobre el hasta ahora frágil y vulnerable sistema democrático paraguayo.
Aunque la mayoría de los expertos en Derecho, incluyendo al propio Colegio de Abogados del Paraguay, se han pronunciado en que la reelección no es posible según lo que establece la Constitución y que esta figura solo puede ser modificada a través de una reforma y no de una enmienda, el oficialismo colorado, con sus coyunturales aliados de un sector del Partido Liberal Radical Auténtico (el llanismo) y del Frente Guasu van sumando votos para intentar atropellar a la Carta Magna.
Tampoco hacen caso al precedente de que, hace unos meses, el Senado ya trató y rechazó el proyecto de la enmienda constitucional y que el artículo 290 de la Constitución establece claramente que si la enmienda fuera rechazada por una de las cámaras del Congreso, ya no podrá volver a presentarse, sino un año después, es decir, en agosto de 2017. Hay un nuevo proyecto que corre entre los legisladores oficialistas y ha sido divulgado por la prensa, que contempla algunos cambios cosméticos para hacer creer que es otro proyecto diferente, pero esto claro que busca el mismo objetivo: imponer una reelección que no está permitida en la actuales circunstancias.
Reiteradas veces hemos sostenido que el sistema electoral paraguayo debe contar con la figura de la reelección, como existe en la mayoría de los países, pero la misma debe ser introducida en un proceso de reforma de la Constitución Nacional durante una Asamblea Nacional Constituyente que se instale fuera de la época electoral y que además trate con detenimiento y profundidad las tras modificaciones que son necesarias introducir en nuestra Carta Magna. Esta modificación no se puede hacer a tontas y a locas, imponiendo lo político sobre lo jurídico, solo para satisfacer los intereses de permanecer en el poder por parte de personas o sectores políticos. El interés que debe primar es el de todo un país y el fortalecimiento de sus instituciones democráticas.
Esta es una hora de definiciones, por encima de sectarismos y fanatismos políticos. Atropellar el orden jurídico con votos mayoritarios en el Congreso sería un grave retroceso para el sistema democrático, que tendrá graves repercusiones internas y externas para el país, como también las tuvo el juicio político abreviado que destituyó a Fernando Lugo, en junio de 2012.
La ciudadanía debe expresarse y movilizarse para evitar esta nueva maquiavélica aventura política.
