EFE
El ataque causó daños por valor de medio millón de dólares, según revelaron a los medios locales fuentes de la estancia, una explotación de más de 4.000 hectáreas, propiedad de la empresa Pindo S.A.
El encargado de la investigación es el fiscal de Curuguaty, Cristian Roig, quien este lunes manifestó a Radio Monumental que los atacantes podrían haber recibido instrucción “paramilitar”, debido a la rapidez con la que cometieron el asalto y su posterior fuga.
Roig convocó a declarar al jefe de seguridad del establecimiento, Nazario Portelli, y a otros tres guardias que cumplen funciones en el lugar.
En total, había ocho guardias cuando se produjo el ataque que no registró heridos.
En la hacienda viven de forma ilegal dos grupos de labriegos que tienen allí sus casas y sus huertas desde hace años, según dijo el senador del opositor Partido Liberal, Luis Wagner.
El senador aseguró que las tierras de la estancia se encuentran en disputa desde que en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) el Estado cediera “de forma irregular” una parte de esos terrenos a una familia de estancieros.
Según Wagner, los campesinos reclaman que las tierras vuelvan a ser de titularidad pública y administradas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
De acuerdo con la ONG Oxfam, Paraguay es uno de los países con mayor concentración de tierras del mundo, donde menos del 3% de la población es dueña de casi el 85% de la tierra.
