En el caso, están acusados el suboficial mayor, Jorge Raúl Arzamendia, los oficiales primero Eugenio Luis Álvarez Villalba y Juan Walberto Almada, a más del subcomisario Carlos Donato García y la suboficial segundo, Mirta Concepción Ayala Rivas.
El hecho se registró el 7 de octubre del 2013, cuando supuestamente los policías secuestraron a la esposa e hijas de un presunto narco.
Luego, según la acusación fiscal, soltaron a la mujer y dejaron a la hija retenida, pero le pidieron 100 millones de guaraníes, porque de lo contrario la involucrarían en un caso de drogas.
La víctima consiguió 56 millones de guaraníes, a más de transferirles un vehículo, con lo que fueron liberadas por los policías.
Al día siguiente, la mujer realizó la denuncia ante el Ministerio Público que derivó luego en la aprehensión e imputación de los agentes, tras la investigación del fiscal Javier Ibarra.
ABANDONO. Ayer, a poco del inicio del juicio oral, las juezas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Alba González, declararon el abandono de querella, debido a que no se presentó el abogado César Boabdil Fleitas, quien no se presentó a la audiencia.
Las víctimas dijeron que la noche del martes, el abogado les pidió dinero para seguir en el juicio oral, pero como ellas quedaron sin muchos fondos, el mismo ya no se presentó a la audiencia.
Hablaron incluso de que ambas aún sentían miedo porque recibieron amenazas para que se retiraran.
Después, las defensas plantearon la nulidad de la acusación fiscal, con la consiguiente nulidad del juicio. Esto fue rechazado por el Tribunal de Sentencia.
Además, también se pidió la inclusión del acta del procedimiento policial, las fotos, un CD, y una pericia caligráfica, que fueron rechazados. Se admitió la exclusión del acta de nacimiento y matrimonio de un acusado.
Concluidos los incidentes previos, se dio inicio al juicio propiamente dicho, con la lectura de la resolución que elevó la causa a juicio oral.
Por otro lado, para esta mañana, desde las 8.30, seguirá el juzgamiento. Se espera la declaración de las dos víctimas, lo que es una de las pruebas principales del fiscal.
Posteriormente, seguirán los demás testigos. La acusación fiscal habla de secuestro, extorsión, privación ilegítima de libertad y asociación criminal.
