Tras varios días de juicio oral y público, finalmente cinco policías fueron hallados culpables de secuestro, por lo que el Tribunal de Sentencia les condenó a penas de entre 7 y 14 años de cárcel.
La resolución afecta al suboficial Jorge Raúl Arzamendia, el oficial Eugenio Luis Álvarez y el subcomisario Jorge Donato García, quienes recibieron 14 años de encierro.
Igualmente, el oficial Juan Walberto Almada y la suboficial Mirtha Concepción Ayala fueron sentenciados a 7 años de cárcel.
En forma unánime, las juezas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Alba González entendieron que se probaron los hechos acusados y que la situación se agravó, ya que se trata de policías.
El fiscal Javier Ibarra había pedido condenas de 9, 10, 12 y 14 años de cárcel para los procesados, mientras que las defensas la absolución.
EL CASO. Según explicó la jueza Hermosa, se probó que los policías Arzamendia, Álvarez, Almada y Ayala detuvieron en octubre del 2013 a Virginia Benítez y a su hija Laura Bogado, porque supuestamente tenían cocaína.
Explicaron que, sin labrar el acta correspondiente, los llevaron hasta la Brigada 3, donde estaba el subcomisario García. Ahí se labró un acta, según la prueba arrimada y el relato de la policía Mirtha Ayala.
Después, los agentes salieron con Benítez, mientras que la hija se quedó en la base policial retenida, dijo la jueza.
Afirmó que se probó que fueron hasta una cooperativa donde retiraron dinero, además de ir junto a un carbonero y un taxista que le prestaron dinero a la mujer.
Además, se comprobó que la víctima le transfirió su camioneta a un amigo de Arzamendia y que luego se quedaron con el dinero.
Remarcó que se habló de que no fue secuestro, sino extorsión, coacción y hasta cohecho. Pero la jueza explicó que se dieron todos los elementos del secuestro.
Argumentó que cuando detuvieron a la mujer y no realizaron el acta, tampoco informaron al fiscal o al juez, la detención fue ilegal, con lo que era una privación de libertad.
También, que el objetivo de los policías fue el dinero, ya que cuatro de los cinco reconocieron que recibieron dinero, y que se probó que la mujer dio el dinero.
Con ello, tras explicar que el hecho era grave, ya que los acusados eran encargados de la seguridad del país, que habían hecho un juramento que no cumplieron, finalmente dieron las penas.
Remarcaron también que les llamaba la atención que las víctimas declararon que no firmaron el acta, pero con la pericia se probó que sí lo hicieron. Además, que tenían demasiado dinero y que solo se dedicaban a la venta de “queso”, con lo que consideraron eso en la sentencia.
