Los guatemaltecos no podían más con una Justicia venal y corrupta con una fiscalía igual, con policías y militares envueltos en casos delictivos, con una Justicia que solo existía de fachada y que les costaba sus buenos millones a los ciudadanos, quienes hartos de la violencia, el crimen y las muertes sin resolver decidieron pedir a Naciones Unidas que establecieran en su país una comisión internacional contra la impunidad.
Ahí, la situación era igual que en Paraguay donde si uno comete un hecho delictuoso tiene solo 1% de posibilidades de ser condenado, 5% de ser investigado y 95% sin que le pase nada. Gary Becker, el Premio Nobel, llama a esto “la economía del crimen”, que se da cuando cometer un delito no le cuesta nada al delincuente y le reporta por el contrario grandes utilidades. La situación era así en Guatemala hasta que se estableció la Comisión Internacional contra la Impunidad Guatemala (Cicig), que con investigaciones a fondo, con un grupo de funcionarios de alto nivel –muchos de ellos extranjeros– y una sumisión de los órganos jurisdiccionales guatemaltecos acabó la semana pasada con el presidente Otto Molinas, su vicepresidenta y varios altos funcionarios envueltos en temas de contrabando que aquí serían minucias.
La gente salió a la calle, Arjona devolvió su condecoración y la presión fue tan dura que acabaron con la cabeza de la corrupción empotrada en la presidencia de la República. El encargado de la Cicig es un colombiano que tuvo que afirmar por prudencia y recato que no fue él quien terminó con el gobierno, sino que fueron las malas acciones de sus integrantes las que acabaron demostrando cómo habían montado una red de contrabando, cuya principal cabeza era el propio presidente.
Pero nada hubiera ocurrido sin la Cicig. La impunidad –la contracara de la corrupción– se abordó desde una perspectiva internacional absolutamente nueva que deja la vieja ortodoxia de la soberanía en segundo plano. Ahora están pidiendo comisiones iguales en Honduras, Nicaragua y otros países centroamericanos. Los norteamericanos que decidieron usar a la Justicia como su nueva herramienta de poder internacional están interesados en apoyar estas medidas porque se han dado cuenta de que los planes de desarrollo no son más que plata tirada a un barril sin fondos con impunidad.
La Justicia juega hoy un nuevo rol y fue la misma que en manos de la fiscala Loretta Lynch arrodilló primero a los bancos americanos a los que aplicó una multa de 5.000 millones de dólares por operaciones delictivas, continuó después con la FIFA y quién sabe quiénes serán sus víctimas a corto plazo.
La Justicia es un instrumento del nuevo poder mundial que sin usar a favor de los intereses colectivos se convierte en el factor que frena el progreso, agota al ciudadano y acaba con las esperanzas del desarrollo. Estamos en un nuevo tiempo de lucha contra la corrupción y la impunidad.
Muchos dirán que es pérdida de soberanía, pero un miembro del Congreso guatemalteco lo resumió muy bien: “Era peor continuar con lo anterior... Cicig nos sacó soberanía, pero al menos nos devolvió la esperanza”.
¿Y si pidiéramos en el próximo viaje de Cartes a la ONU una comisión internacional contra la impunidad Paraguay o Cicip?
