El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), comunicado mediante, señala que ocupantes ilegales de unas 250 hectáreas en Punta Pistola, Canindeyú, mediante una serie de maniobras judiciales impiden que la institución tome posesión de esas tierras.
La intención del Indert es destinar esas fincas para el cultivo extensivo de unas 50 familias campesinas asentadas en la colonia vecina Santa Lucía, del distrito de Itakyry, Alto Paraná.
La misiva expresa que maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Itaipú, así como los abogados y técnicos del ente rural, permanecen acampados frente a las tierras desde el jueves pasado, esperando que la fiscalía y los policías hagan efectivas las órdenes judiciales a favor del Indert.
“El Indert impulsa unos 16 casos contra Hugo González y su familia, que tienen unas 250 hectáreas en Punta Pistola, en transgresión a la ley que establece la reforma agraria en el país”, dice parte del texto.
De acuerdo con el comunicado, Justo Cárdenas, titular de la institución agraria, urgió a la Justicia a expedirse con mayor rapidez sobre los casos. “Las chicanerías causan retrasos en la recuperación del patrimonio del Estado y obligan al Indert a encarar la adquisición de tierras vecinas a Santa Lucía para completar la entrega de lotes para la producción agrícola”, expresa la nota.
“El Indert está en una guerra jurídica con el señor Hugo González y otros, que poseen una importante cantidad de hectáreas en Punta Pistola, sin ser sujetos de la reforma agraria”, finaliza el texto.
La otra cara. El abogado de la familia González, Gustavo Pedrozo, manifestó que el Indert está queriendo recuperar tierras que otorgó a sus clientes y por las que cobró sumas de dinero.
“El Indert les dio las tierras, no se le debe un solo guaraní y hoy día la institución está queriendo actuar de juez y parte, queriendo recuperar a la fuerza las tierras”, aseveró Pedrozo. “Existen derechos posesorios que ellos no quieren respetar, existen mejoras introducidas en la propiedad que ellos no quieren respetar”, añadió el letrado.
Contó que el ente rural envió fiscales con una supuesta denuncia de invasión de inmueble ajeno, “cosa que es mentira, ya que ese inmueble ellos otorgaron y cobraron por la totalidad de las tierras”, dijo. Para Pedrozo, el Indert no tiene hoy en día la facultad para decir quién es o no sujeto de la reforma agraria ya que cobró la totalidad por las tierras, actualmente en disputa.