Las denuncias son permanentes. El vertedero Cateura está colapsado y el peligro de una catástrofe ambiental es permanente. Son 40 millones de litros de contaminantes, con metales pesados incluidos, depositados en una pileta de lixiviado que pueden llegar al curso del río Paraguay con consecuencias imprevisibles.
“Cateura tiene que cerrarse, no hay nada que hacer”, afirmó el Dr. José Mayans, representante del Ministerio de Salud Pública, ante la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, según publicó Última Hora en la víspera, al tiempo de sugerir al Poder Ejecutivo que declare en estado de Alerta Ambiental el vertedero y toda su zona de influencia.
La situación es tan complicada como grave, y es probable que como en años anteriores no se tomen las medidas correctivas hasta que la situación colapse. Tristemente es el “modus operandi” de nuestras autoridades y también de la ciudadanía, la que no reacciona o toma conciencia de un hecho hasta que no se lleguen a niveles límites. El caso del mercado de San Lorenzo, afectado por un incendio, es un ejemplo de ello.
Claro, tomar decisiones ante un problema tan colosal como la basura, su disposición, recolección y tratamiento, no es cosa fácil; eso se entiende. Pero tampoco es razonable esperar un accidente para asumir medidas profundas, a pesar de los costos políticos, económicos y sociales que impliquen.
Cateura es un desafío para la administración municipal y también el Gobierno central. El panorama es complejo; 800.000 kilos de basura que ingresan diariamente, más de 700 familias que viven directamente de los desechos, y una empresa que recauda millones por el manejo de los mismos.
A esto habría que agregar toda la problemática sobre la insalubridad y precariedad que envuelve a la población que vive de la basura en la zona; entre ellos, miles de niños y jóvenes que no solo aspiran aire viciado y tóxicos vapores, sino también ese ambiente de desesperanza y desorden que envuelve los sitios marcados por la miseria.
El vertedero y su entorno es un reclamo sobre el derecho humano de vivir en un lugar digno y la falta de políticas públicas de capacitación y generación de alternativas laborales en Paraguay, entre otras.
Existen proyectos que deben ser recuperados, como la instalación de una planta de segregación de materiales a fin de crear mejores condiciones de trabajo para los gancheros, además de su reubicación en zonas con viviendas dignas y servicios básicos.
Como sociedad urge entender que una situación inhumana –como la de vivir en medio de la basura– no debe ser nunca aceptada como “normal” o inevitable, y menos aún, necesaria.
