“El documento debe pasar a Secretaría General de la Presidencia de la República, vía Ministerio de Hacienda, y sé que la próxima semana ya estará tramitándose; no revisé aún el dictamen, entonces no puedo detallar ningún aspecto, más allá de que sí es efectivo que se derogará el artículo 8”, especificó.
Consultado si con esta enmienda no se reconoce desde la institución que se cometió un error, aclaró que una cosa es cometer un error cuando uno no se dio cuenta de los datos que manejó para los cálculos de los valores fiscales; “pero cuando la ley te manda a utilizar una base de datos para aumentar impuestos conforme a la zonificación, de acuerdo con la actitud agrológica (es decir el valor del suelo), y esa normativa está desactualizada, porque data de los años 90, existe en realidad un problema en la base de datos”, explicó.
Este decreto también reduce, en promedio, 50% el valor fiscal de las tierras rurales, situación que también reclaman los intendentes.
Con relación a la intención de los intendentes de diversas localidades del Chaco, Ruiz Díaz mencionó que aquellos elaborarán una agenda dentro de la cual plantearán al ministro de Hacienda, Santiago Peña, y al propio Poder Ejecutivo, que se derogue todo el Decreto 5775/2016.
Además, se ha decidido conformar una mesa de trabajo permanente, en la cual se analizarán las modificaciones a la normativa que se introdujeron a mitad de este año y sus consecuencias; además de cotejar la elevada morosidad en el pago de tributo inmobiliario, sobre todo en las zonas rurales.
El Servicio Nacional de Catastro reveló que la morosidad en el pago de impuesto inmobiliario sigue siendo alta, en torno al 87%.
La mayor evasión se concentra en los grandes productores, principalmente del sector ganadero en la Región Occidental, de acuerdo con un informe emitido recientemente por la entidad.
