La reunión se da días después de que el Sanatorio La Costa haya denunciado a 23 jueces de Niñez y Adolescencia por haber ordenado la derivación de menores al mencionado sanatorio, sin haber agotado todas las instancias en el sector público, según manifestaron desde la institución.
Roberto Moreno, Procurador de la República, señaló que la reunión ya definió las principales ideas en busca de una solución, informó Marcia Martínez, periodista de Última Hora.
“Creo que es una jornada histórica, ya que pocas veces se ve que tantas instituciones se reunan para dar una respuesta a un problema, hablamos del derecho a la vida del tesoro más preciado de nuestro país, que son los niños. La idea de esta reunión era establecer una mesa de trabajo para brindar soluciones que nos atañe a todos, la base de nuestra discusión y en esto hubo una concordancia absoluta, y es que el derecho a la vida de ese niño o niña es indiscutible, nadie se opone ni se va oponer a una medida de internación de un niño que esté en peligro”.
Agregó que es importante lograr que el mecanismo adoptado eventualmente funcione. De este modo, el Estado podrá garantizar una cama hospitalaria a quien lo necesite y que el Estado pague por el servicio.
“Tenemos que ponernos de acuerdo en el mecanismo de cómo hacer esto para que funcione bien el sistema. La mesa de trabajo se va encargar de elaborar un protocolo que podría transformarse más adelante en un decreto del poder Ejecutivo con miras a dar una hoja de ruta clara de qué hacer en cada caso para que el niño se interne y que el Estado tenga que pagar lo que le corresponde y no se le infle al Estado lo que tiene que pagar que es el temor que alberga la Procuraduría”.
Indicó además que en 15 días la mesa interinstitucional de trabajo se reunirá con Alicia Pucheta de Correa para reglamentar el proceso que se inició este miércoles.
Rosa Yambay, responsable de la Coordinadora de Jueces de la Niñez y Adolescencia, expresó que la mesa interinstitucional de trabajo busca proponer soluciones para los casos de medidas cautelares para la internación en sanatorios privados de menores de edad.
“Fue a raíz de los inconvenientes que surgieron en torno a las medidas cautelares de Encarnación que los jueces de Niñez y Adolescencia han dictado para precautelar los derechos de niños en la República del Paraguay. Surge un inconveniente en cuanto a la capacidad del Estado de dar respuesta a las necesidades de los niños de acceder a un servicio de salud de calidad, sobre todo de salas de terapia intensiva a niños recién nacidos y también a niños de cierta edad, de entre 8 a 15 años”, expresó Yambay.
Agregó que la problemática surgió a raíz de la denuncia que se presentó contra los 23 magistrados, con lo que se visibilizó el problema.
“El Procurador General de la República hizo la convocatoria para establecer una mesa de trabajo que involucre a todos los representantes de los sectores que deben estar involucrados en la solución de esta problemática”, afirmó.
Indicó que a partir de esta primera reunión, el procurador se comprometió a convocar al ministro de Salud. “Lo ideal también es que esté el Ministro de la Niñez y la Adolescencia y nosotros como Poder Judicial, que no es mucho lo que podemos colaborar sobre lo que se va hacer, salvo controlar y orientar la solución que debe venir del Ejecutivo”, señaló.
Las instituciones que formaron parte de esta reunión fueron la Corte Suprema de Justicia, la Asociación de Magistrados del Paraguay, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría Pública, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y Bienestar Social y la Coordinadora de Jueces de la Niñez y la Adolescencia.
Denuncia. El sanatorio privado La Costa denunció ante la Oficina Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia a 23 jueces de la Niñez y la Adolescencia por ordenar que los niños recién nacidos y de familias con escasos recursos con patologías graves sean internados en el centro asistencial.
La denuncia menciona que los magistrados ordenan sin verificar ni agotar la instancia previa de corroborar la disponibilidad de camas en otros hospitales del sector público para ser tratados en el servicio de salud pública gratuita a cargo del Estado, como lo establece la Constitución Nacional.
Refiere, en ese sentido, que “esa situación de irresponsabilidad de los magistrados se torna más grave cuando dichos jueces, en el afán de que esos pacientes reciban una atención de salud apropiada, ordenen la internación en el sector privado, sin tampoco verificar la disponibilidad de camas, soportando los pacientes (en muchos casos en estado grave) largos viajes desde el interior del país hasta la capital”, menciona.
