El caso de corrupción apadrinado por el diputado colorado José María Ibáñez refleja una concepción patrimonialista de los bienes del Estado propio de épocas pasadas en las que se repartían privilegios entre los que detentaban el poder, pero no de estos tiempos en que –en teoría al menos– se busca que los recursos colectivos sean administrados con honestidad.
El parlamentario, abusando de su poder y aprovechando las necesarias complicidades que deben existir para conseguir que la Cámara de Diputados pague a sus caseros el salario que tendría que haber salido del bolsillo del legislador, en una actitud desvergonzada, se aprovechó de su posición para conseguir un propósito a todas luces condenable.
La imputación de la Fiscalía no solo es para el legislador, sino también para su cónyuge, a partir del dato de que el cheque del Congreso para el pago a los caseros fue depositado en su cuenta personal.
Ibáñez confesó públicamente que usó dinero de los contribuyentes para provecho personal. Incluso llegó a pedir perdón. Esa actitud contrasta con la forma en que encara su defensa en tribunales: está haciendo todo lo posible para dilatar el juicio, evadiendo una audiencia preliminar dentro del proceso judicial en el que está involucrado.
El miércoles pasado, por quinta vez, se evitó la materialización de la diligencia necesaria para que los trámites judiciales continúen. Allí el juez debía decidir si elevaba o no a juicio oral la causa por estafa, expedición falsa de certificados y cobro indebido de honorarios que se le sigue. Él y su esposa se presentaron, pero la audiencia preliminar no se pudo realizar por una acción presentada por su ex jefa de gabinete.
La Fiscalía –el 24 de setiembre de 2014– había solicitado que el legislador respondiese de las acusaciones en un juicio oral y público. Sin embargo, desde entonces sus abogados recurren a chicanas para impedir que el juicio avance y, eventualmente, reciba una condena.
Solo el pasado 7 de diciembre el caso se había destrabado luego de estar paralizado más de un año. Al suspenderse una vez más la audiencia preliminar, pasa para el año próximo.
Atendiendo a la forma de actuar del legislador y de sus abogados, es indudable que seguirán incidentando el proceso para que el tiempo transcurra en beneficio de ellos.
Si bien el Ministerio Público actuó con diligencia para lograr el desafuero del parlamentario y presentar de manera convincente las acusaciones contra el que ya admitió públicamente que usó dinero público en beneficio personal, la Justicia le está haciendo el juego a la impunidad.
El mensaje que el Poder Judicial envía a la ciudadanía, al involucrarse en la dilación de la audiencia pública, es que no le interesa llegar al fondo de la situación puesta a su consideración. En pocas palabras, está a favor de la impunidad de los que abusan de su poder.
