EFE
Se trata de Álvaro Lasso y Guillermo Casado, dueños de la empresa Proibérica, a quienes la Fiscalía prohibió hace diez meses salir de nuestro país.
Garzon considera “alarmante” que la Fiscalía impute a los empresarios basándose en un pliego de condiciones que es diferente al que publicó el Gobierno, y al que tuvo acceso la empresa a la hora de concursar por la adjudicación del contrato.
Además, el ex juez añadió que la autenticidad del pliego en el que se basa la Fiscalía “está severamente cuestionada”.
Según la defensa, el acuerdo con el Gobierno no incluía en su pliego de garantías el mantenimiento de los aparatos.
Sin embargo el pliego de bases que sirve de fundamento a la Fiscalía para la imputación, considerado “falso” por la defensa, dice que sí.
La Corte Suprema de Justicia recibió el documento firmado por Garzón en calidad de “amicus curiae”, figura jurídica que permite a una autoridad de reconocido prestigio presentar su opinión a esa instancia sobre el proceso.
En su escrito, el exmagistrado español asegura que la Carpeta Fiscal del caso “está llena de copias simples no acreditadas de autenticidad” y tampoco figura el contrato entre la empresa y el Gobierno, ni tampoco la “elemental toma de declaración indagatoria”, entre otras irregularidades.
Garzón también llamó la atención a la Corte porque el proceso penal ha tenido “diversas injerencias externas que vician la imparcialidad e independencia” de la Justicia.
Según su escrito, esas irregularidades “conforman vulneraciones a derechos humanos”.
“La gravedad del hecho es incuestionable, ya que esta discrepancia únicamente podría ser entendida como una estrategia inquisitoria en busca de la condena de dos personas alterando las pruebas en el proceso”, aseguró el exjuez en el texto entregado a la Corte.
Garzón recordó a esa instancia que la defensa ha alertado “de esta gravísima irregularidad” en repetidas ocasiones y que “la negativa de la Fiscalía y de los órganos jurisdiccionales” a corregir “esta flagrante violación constitucional” deja en “absoluta indefensión a los acusados”.
El ex juez aseguró que si se agotan las instancias judiciales de Paraguay, los empresarios recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los cuatro helicópteros habían llegado a Paraguay tras el contrato firmado por la empresa Proibérica y el Ministerio de Interior, que entre agosto de 2008 y junio de 2011 dirigía Rafael Filizzola.
La Fiscalía había pedido elevar a juicio oral el caso para los ex ministros del Interior Rafael Filizzola y su sucesor, Carlos Filizzola, y para los dos españoles.
Pero el juez encargado decidió otorgar el sobreseimiento definitivo para el ahora senador Carlos Filizzola, después de constatar que los pliegos de bases y condiciones para la compra de los helicópteros “son muy ambiguos”.
Rafael Filizzola continúa procesado por la compra, que causó un presunto perjuicio al Estado por valor de unos 11 millones de dólares durante la Presidencia de Fernando Lugo.
