5 de diciembre
Lunes
Despejado
21°
34°
Martes
Mayormente nublado
22°
32°
Miércoles
Mayormente nublado con tormentas
23°
32°
Jueves
Lluvioso
21°
27°
Avatar
Avatar
Bienvenido,
Cerrar Cerrar
Cerrar
Login/Registración
Búsqueda
Cerrar
Política
martes 18 de octubre de 2016, 01:00

Caso Guahory: El Indert pasa la pelota a la Procuraduría

Desde el Indert afirman que la Procuraduría General de la República (PGR) es la que tiene legitimidad activa para iniciar los juicios de nulidad de títulos que exigen los campesinos de Guahory.

La Procuraduría, a cargo de Roberto Moreno, hasta la fecha no se pronunció al respecto.

El presidente del Indert, Justo Cárdenas, manifestó en varias ocasiones que la institución “pierde legitimidad activa” al ser inscriptos los títulos de propiedad. Si bien estos “son legales, no son legítimos”.

Los campesinos de Guahory que se encuentran en Asunción desde hace varios días, exigiendo una solución a la problemática de tierras en la colonia, se manifestarán esta mañana frente a la sede de la Procuraduría. Ayer protestaron frente a la institución agraria.

El pasado 13 de octubre, los labriegos entregaron una nota a la Procuraduría, en la que exigen el inicio de acciones judiciales para recuperar lotes que habrían sido mal adjudicados.

Es prácticamente la reiteración de una solicitud que hicieron ya en el año 2014.

“Con mucho dolor vemos que no se ha asumido con la seriedad necesaria nuestra solicitud y en las actuales negociaciones con las autoridades del Indert por el conflicto de Guahory”, reza parte del escrito dirigido al procurador Roberto Moreno.

En la nota, los campesinos manifiestan que tanto el presidente del Indert, Justo Cárdenas, como el asesor jurídico de esa institución, Eligio Vargas, señalan que la Procuraduría es la que tiene legitimidad activa para accionar.

De acuerdo con la misiva, tampoco el Indert designó un enlace para una tarea conjunta con la Procuraduría, pese a los insistentes reclamos.

En la nota, los campesinos citan 22 títulos de propiedad, que deberían ser atacados judicialmente, entre ellos se encuentran los otorgados a los familiares del cuestionado funcionario del Indert, Julián Armando Díaz Solís.