La magistrada se inhibió de entender la causa, porque su pareja, el abogado Juan Villalba, es nuevo defensor del ex hombre fuerte de la alta casa de estudios.
Además, alegó que el mismo es abogado de su familia hace años y que incluso tramita el juicio sucesorio de su padre, por lo que cuenta con un gran trato de familiaridad y frecuencia de público conocimiento.
Ante esto, Delmás refirió que la circunstancia que motiva la inhibición no se ajusta a derecho, debido a que supone que la intervención del abogado a esta altura del proceso no constituye una causal.
El caso fue sorteado y salió Delmás, quien decidió impugnar la inhibición de su colega. Por tal motivo, ahora el expediente fue derivado a la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver si hace lugar –o no– a la impugnación, de tal manera a que continúe el proceso penal.
En la causa, se debe hacer la audiencia preliminar, que fue suspendida en varias ocasiones únicamente para Peralta y Martínez, después los otros 45 procesados ya obtuvieron salidas procesales.
acusación. Los fiscales Martín Cabrera y Josefina Aghemo acusaron a Peralta por los hechos punibles de lesión de confianza e inducción a un subordinado a cometer un hecho punible en setiembre del año 2016.
A pesar de que ya pasaron ochos meses aún no se pudo realizar la diligencia, donde se tiene que decidir si va a afrontar o no juicio oral y público.
En abril pasado se suspendió la misma, a raíz de que el ex rector de la Universidad Nacional cambió de abogado defensor.
El mismo era representado por el abogado Jorge Prieto, pero fue reemplazado por Lucas Ocampos, quien no apareció en esta ocasión. Ahora le representa Villalba.
salida procesal. La jueza Griselda Caballero otorgó la suspensión condicional del procedimiento (del juicio) para 33 declarados planilleros de la UNA. Esto debido a que aceptaron el delito de cobro indebido de honorarios, devolverán el dinero a las arcas de la casa de estudios y se salvan de pasar a prisión.
Algunos deberán depositar el dinero por el plazo de un año, en tanto otros ex funcionarios en dos años.
El hecho deriva de la investigación periodística del diario ÚH sobre las irregularidades en la institución educativa, que inició el movimiento estudiantil de 2015.