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Editorial
martes 22 de agosto de 2017, 02:00

Caso del crimen en el PLRA devela desidia de la Fiscalía

A cuatro meses de los graves acontecimientos de la noche del viernes 31 de marzo y la madrugada del sábado 1 de abril, que culminaron con el asesinato del joven militante liberal Rodrigo Quintana, en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el Ministerio Público no ha hecho otra cosa que mostrar una notoria desidia. Hasta el momento, las más contundentes pruebas han sido aportadas por la querella adhesiva, mientras que la Fiscalía General no demostró rigor, ni eficiencia, ni rapidez como sí lo hizo cuando imputó a 21 personas por el incendio del Congreso. La sociedad necesita volver a creer en sus instituciones, y el Ministerio Público poco hace por recuperar la confianza.

La investigación de los hechos que derivaron en el asesinato de Rodrigo Quintana por parte del Ministerio Público denota desidia y una peligrosa negligencia.

La Fiscalía, a pesar de que ya pasaron cuatro meses del asesinato del joven militante liberal, no realizó un informe detallado del cruce de llamadas telefónicas entre los uniformados y los allegados al presidente Horacio Cartes, quienes llamaron al ex comandante Críspulo Sotelo minutos antes del ataque al local del PLRA. Esta desidia no solamente es una vergüenza, por la deficiente gestión de la institución que representa a la sociedad, sino que es además muy peligrosa porque demuestra desinterés por esclarecer los hechos.

Un crimen no afecta solamente a una víctima y a todo el círculo familiar de esta, un crimen afecta a toda la sociedad. Pero este enunciado parece no afectar a nuestra Fiscalía.

La deficiente investigación derivó, en primer lugar, en el señalamiento inmediato como único culpable del crimen al suboficial Gustavo Florentín, imputado y procesado por la muerte de Rodrigo Quintana.

Más recientemente, el abogado representante de la familia del joven asesinado presentó informes de las pericias informáticas en lo que respecta a las conversaciones que hubo vía frecuencia policial entre los altos jefes, en la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril. La Fiscalía todavía no había realizado esta pericia.

Las fuerzas antidisturbios ingresaron a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico sin una orden judicial, dispararon y mataron a Rodrigo Quintana, esos son los hechos, ese es el crimen que la Fiscalía no está investigando con la debida seriedad.

Y sin la investigación por parte del abogado de los padres de Rodrigo Quintana, la sociedad no hubiera conocido los detalles del cruce de llamadas. Este hecho en sí es muy grave, pues significa que las pruebas de los vínculos entre altos mandos policiales y el primer anillo del presidente de la República no fueron obtenidas por la institución que debería velar por los derechos de las víctimas.

Sin las pruebas aportadas por el sector de la querella adhesiva, la sociedad paraguaya estaría en estos momentos todavía mucho más lejos de conocer la verdad sobre los hechos acontecidos el 1 de abril.

El estado de derecho no puede soportar esta duda: la desidia del Ministerio Público en este caso es negligencia o es en realidad complicidad. Esta institución se debe a la ciudadanía paraguaya y es inaceptable su subordinación al Poder Ejecutivo. El Ministerio Público debe ser independiente en todo momento y en todos los casos, pues esta es la única garantía que tiene la sociedad para aspirar a la justicia.