Pero aun sin pronunciar una palabra, este ex director del FBI, de 72 años, inquieta profundamente a los ocupantes de la Casa Blanca, apenas a ocho cuadras de su despacho, y especialmente al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien apunta su investigación.
Designado a mediados de mayo por el secretario de Justicia para dirigir la investigación federal sobre si los colaboradores de Trump coludieron con los intentos de Moscú para influenciar la elección presidencial de 2016, Mueller ha formado un equipo con más de doce sólidos investigadores que incluye un experto en dar la vuelta a testigos de la mafia, un especialista en lavado de dinero y uno de los fiscales con más experiencia del Tribunal Supremo.
Desde mayo, han estado entrevistando discretamente a testigos y compilando documentos para determinar si existen vínculos entre los principales asistentes de la campaña electoral de Trump, los miembros de su familia, y probablemente el propio presidente, y las interferencias rusas en las elecciones de 2016.
Después de desestimar dicha investigación durante meses por “ridícula” e “informaciones falsas”, Trump puso al descubierto su preocupación esta semana, arremetiendo contra el Departamento de Justicia y su propio secretario de Justicia, Jeff Sessions, a raíz de la interminable controversia por sus eventuales relaciones con Rusia.
El presidente apuntó especialmente a Mueller, dejando clara su intención de debilitar y desacreditar al hombre que podría hacer caer su presidencia y, eventualmente, a él mismo.
Desde mayo, el equipo de Mueller de profundos expertos fiscales federales, investigadores del FBI, cazadores de espías y perseguidores de caudales financieros ha estado hablando con testigos y compilando informes, con las únicas pistas de su labor asomadas en las preguntas que van haciendo a sus entrevistados.
Y parece que la investigación está yendo más allá del asunto de la colusión con Rusia. Según los informes, Mueller está mirando el pasado de la actividad inmobiliaria de Trump y sus declaraciones de impuestos, posibles casos de lavado de dinero en ayudas de campañas, perjurio y obstrucción a la justicia, entre otros delitos posibles. AFP
